El Tribunal presidido por Fernando De Viana dio a conocer el veredicto en el juicio contra la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, a quien declaró culpable por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionaria pública.
Como resultado, fue condenada a un año y seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, uno de los puntos más sensibles del proceso —la compra de un colectivo para el San Luis Fútbol Club con presunto sobreprecio— quedó fuera de la condena.
Un fallo con límites claros
El Tribunal consideró acreditadas irregularidades en el ejercicio de la función pública, pero no dio por probado que Ramírez haya intervenido directamente en la operatoria de compra del colectivo ni en el pago del sobreprecio denunciado.
Esto no implica su inocencia en términos generales, sino que la prueba no alcanzó el nivel de certeza necesario para atribuirle responsabilidad penal en ese hecho específico.
En otras palabras, la Justicia delimitó responsabilidades: condenó por corrupción administrativa, pero no por la maniobra más grave investigada.
El foco ahora se traslada a Alberto Rodríguez Saá
El aspecto más relevante que deja el fallo es la proyección de nuevas investigaciones.
Durante el juicio, el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá se autoincriminó al declarar que dio la orden de compra del colectivo “con el monto que fuera”, una afirmación que ahora cobra centralidad judicial.
A partir de esto, se abre un nuevo escenario: la posible imputación del ex mandatario y de otros ex funcionarios, como Miguel Berardo, en una causa que deberá determinar responsabilidades por la adquisición y el presunto sobreprecio.
Un fallo que divide responsabilidades
El veredicto deja una conclusión clave:
la Justicia avanzó sobre la responsabilidad administrativa de Ramírez, pero separó su situación de la decisión política y financiera que rodeó la compra del colectivo.
Ese punto, lejos de cerrarse, marca el inicio de una nueva etapa judicial con impacto directo en la cúpula del gobierno anterior.
