El diputado nacional por San Luis, Carlos Almena, defendió el proyecto de baja de la edad de imputabilidad y aseguró que el debate en comisión fue “muy duro”, en el marco de una discusión que vuelve a instalarse en la agenda pública a raíz de hechos de inseguridad que involucran a menores.

Según sostuvo el legislador, la iniciativa busca dar una respuesta estructural al delito juvenil y al uso de adolescentes por parte de organizaciones criminales.

“Estamos ante un evento trágico de la historia reciente argentina. No tenemos amparado a ninguno de los menores, que son producto de bandas de delincuentes que los utilizan como soldaditos para el narcomenudeo, el robo y luego para delitos más graves”, expresó.

Almena también cuestionó a sectores políticos que, según indicó, resisten el avance del proyecto.

“Todos están de acuerdo con la ley, pero no quieren sancionarla. Hay sectores que actúan en conjunto con el kirchnerismo y el partido del Estado para tratar de defender lo indefendible”, afirmó.

Debate por el financiamiento

Uno de los ejes de la discusión fue la asignación de recursos prevista en el Artículo 51 de la norma. En ese sentido, el diputado respondió a las críticas opositoras y defendió la partida presupuestaria incluida en el proyecto.

“Escucho con profunda atención las inquietudes y críticas que se han vertido desde las bancadas opositoras respecto a la asignación de los recursos. Entiendo la preocupación, porque el delito juvenil es un flagelo que nos duele a todos y que exige respuestas serias”, manifestó.

Sin embargo, consideró que existe una “premisa equivocada” en los cuestionamientos.

“Confunden el gasto punitivo con la verdadera inversión en prevención y justicia. No podemos pretender resultados distintos si seguimos aplicando las mismas recetas de siempre: esperar a que el delito ocurra para recién actuar. Hoy elegimos prevenir”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el proyecto contempla un fondo específico de 23.000 millones de pesos destinado a políticas de prevención y contención para menores en conflicto con la ley penal.

“Podemos seguir debatiendo desde la chicana política, o podemos mirar la realidad de frente. Reprimir el síntoma sin tratar la enfermedad ha fracasado en el mundo entero”, concluyó.

Mayoría en comisión

Finalmente, Almena señaló que el dictamen obtuvo una amplia mayoría.

“Hemos logrado aproximadamente 130 firmas con cerca de 90 adhesiones, y seguramente vamos a refrendar el dictamen y llevarlo a la Cámara Alta en los próximos días”, indicó.

El proyecto continuará su tratamiento legislativo en medio de un debate que expone diferencias de fondo sobre cómo abordar el delito juvenil y cuál debe ser el rol del Estado entre prevención, contención y sanción.