San Luis (LaNoticia) 29-07-15. La propuesta del precandidato a Presidente de la Nación por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, de crear el Ministerio de Derechos Humanos, convoca a la reflexión profunda y al análisis histórico.
Resulta necesario considerar este proyecto como un paso importantísimo para la historia del país, que desde el año 2003 ha incorporado a los Derechos Humanos como Política de Estado. Este rol protagónico del Estado Nacional de transformar los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, de los familiares y de los sobrevivientes, en el periodo presidencial de Néstor Kirchner produjo un giro histórico. La renovación de la Corte Suprema de la Nación, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, la derogación de los Indultos a los genocidas, la recuperación de sitios emblemáticos que fueron Centros Clandestinos de torturas y asesinatos, entre otras medidas, implicaron una postura clara y contundente respecto a los sucesos de la historia reciente y sobre los responsables del Terrorismo de Estado de la Dictadura Cívico Militar.
Estas decisiones políticas -continuadas y profundizadas en los dos periodos presidenciales de Cristina Fernández- consolidan la Política de Estado acerca de los Derechos Humanos y permiten la reapertura de los juicios interrumpidos y la realización de nuevos juicios que colocan en el banquillo de los acusados a los responsables de crímenes de Lesa Humanidad.
La continuidad notable en estos últimos doce años representa un ejemplo en el mundo y habilita la jerarquización del área de Derechos Humanos y se pueda así, convertir la Secretaria de Estado en un Ministerio. Por otra parte, la reciente aprobación por parte del Parlamento Nacional de la Ley que prevé considerar «de nulidad absoluta e insanable» los indultos, amnistías y la conmutación de penas que favorezcan a condenados por delitos de lesa humanidad, manifiesta expresamente el compromiso del Poder Legislativo con esta Política de Estado.
Resulta absolutamente necesario que el tercer Poder Constitucional, el Judicial, asuma con transparencia esta responsabilidad. Cierto es que existen Jueces, Fiscales y miembros de este poder del Estado que han demostrado con empeño su deber con la Justicia. Pero real también es que coexisten con sectores judiciales que aún no han comprendido que su rol en Democracia es responder a las demandas de los sectores mayoritarios y no continuar ligados a los intereses corporativos y minoritarios.
La etapa histórica actual exige que cada uno de los poderes del Estado responda ante la sociedad y el pueblo argentino sobre su accionar y su compromiso con la verdadera Democracia.
