Los independentistas catalanes denunciaron ayer que la nueva Ley de Seguridad Nacional, aprobada en comisión en Diputados gracias a un pacto entre el derechista PP y el PSOE, pretende «abortar» las elecciones del 27 de septiembre.
El PP está «lubricando la maquinaria represiva» con esta iniciativa, aseguró el diputado de la independentista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Tardá, durante la tramitación del proyecto de ley, que ahora pasará al Senado para su aprobación definitiva.
«Muy mal les veo si sólo son capaces de ir afilando el armamento, el armamento jurídico», subrayó.
Antes del debate, Tardá advirtió que «ni Dios ni Rajoy» van a parar el proceso soberanista catalán si el resultado de las elecciones regionales del 27 de septiembre demuestran que hay un claro apoyo a la secesión.
Según el diputado independentista, el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende con esta ley «abortar la voluntad democrática de los catalanes» optando por la represión, pero avisó que «están condenados al fracaso», porque la democracia es «imbatible».
«Si el único argumento que tiene el sistema político español en el siglo XXI y en la Unión Europea (UE) es intentar atemorizarnos, es que están mal pero muy mal», insistió.
La Ley de Seguridad Nacional superó el trámite de la Comisión de Garantías Constitucionales del Congreso de los Diputados con el voto favorable de PP, PSOE y la fuerza de centro derecha UPyD. La Izquierda Plural y los nacionalistas catalanes y vascos y los independentistas votaron en contra.
Esta norma permitirá al presidente del gobierno en «situación de interés para la Seguridad Nacional» hacerse con la dirección de los medios materiales y humanos que se encuentren bajo dependencia de otras administraciones».
El objeto de polémica es que el texto de la ley se refiere a la necesidad de «garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales».
El PP y el PSOE defienden que la ley está pensada para poder actuar contra amenazas de seguridad como el terrorismo yihadista, y niegan que busque quitar competencias a las regiones autónomas de España, como denuncian los nacionalistas.
