En los últimos días se ha producido una gran polémica por la composición actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La controversia sobre la situación real de uno de los ministros del alto Tribunal trasciende una discusión sobre la edad o la lucidez del Dr. Fayt.
La verdadera preocupación se ubica en la importancia de las decisiones que la Corte toma acerca de la vida de todos los argentinos. No es sólo si firmó o no la acordada que reeligió por cuarta vez al Dr. Lorenzetti como presidente; no se trata exclusivamente si estuvo o no en la Sala de Acuerdos como afirma el acta y desmiente la realidad.
Es importante que la sociedad en su conjunto pueda constatar que quienes deciden como última instancia los procesos judiciales, de cualquier índole, conformen el Tribunal con el número y las características que la Constitución Argentina dicta. Si no es así, y quien debe garantizar el respeto por las leyes y la Carta Magna no lo hacen, ¿Cuál es el destino de las cuatro mil causas que la Corte debe resolver por año?
La trayectoria del Dr Fayt no merece que sus propios colegas y algunos dirigentes políticos inescrupulosos lo utilicen para sus fines personales o partidarios. Se puede o no estar de acuerdo con la postura ideológica o las acciones políticas que el ministro de 97 años ha transitado en el Derecho, en los estrados judiciales o en la vida democrática de nuestro país. Lo que resulta, al menos hipócrita, es que quienes pregonan la defensa del sistema republicano, usen a una persona, lo exhiban como si se hablara de una cosa y no de un ser humano.
Ante las ausencias lamentables de Petracchi, Argibay y la renuncia de Raúl Zaffaroni, la Corte está funcionando con cuatro miembros, cuando siempre lo hizo con más de cinco. Y de esa composición de cuatro, uno de ellos: Fayt, está cuestionado; no él como persona sino por la ubicación importantísima que tiene en el sistema democrático argentino.
Si el Dr. Lorenzetti manifestó que el rol de la Corte “el de controlar al poder político” las preguntas que surgen son al menos dos: ¿Quién o quiénes son los responsables de controlar lo que pasa en el Poder Judicial? ¿O no debe haber controles?
En el año 2003, el presidente Néstor Kirchner impulsó una Corte plural que transformó la mayoría automática de los ´90, una decisión elogiada por todo el arco político y judicial. Hoy, a doce años de aquella decisión el presidente del alto Tribunal parece dirigir una minoría automática.
Es responsabilidad de toda la dirigencia política y social y del pueblo argentino, comprender que la composición actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no responde al mandato constitucional y de esa manera, no están garantizando los Derechos de los cuarenta millones de argentinos.