Tres personas fueron detenidas en el marco de la investigación que encabezan tres fiscales del MPA de la ciudad de Rosario por las balaceras realizadas el martes 29 de mayo contra dos inmuebles céntricos en los que vivió el juez Ismael Manfrín. Así lo confirmó el Fiscal General, Jorge Baclini, en un contacto que mantuvo esta mañana con los medios de comunicación de la ciudad de Santa Fe.
Baclini precisó que “de los tres detenidos, uno es menor de edad, razón por la cual fue puesto a disposición de la Justicia de Menores. En tanto, las otras dos personas mayores de edad –ambos tienen antecedentes penales– serán imputados mañana o el viernes”. El Fiscal General agregó que “uno de los hombres mayores de edad detenido no tendría relación con el hecho del 29 de mayo, pero en su casa se secuestró un arma de guerra que será peritada para corroborar si fue utilizada en alguno de los hechos que se investigan”.
Por otra parte, el titular del MPA sostuvo que “la evolución de la investigación nos está conduciendo a Ariel Máximo Cantero, quien sería uno de los responsables intelectuales de estos hechos”.
Calificación legal
“No puedo dar muchos detalles de la investigación, porque serán informados en las audiencias imputativas”, respondió Baclini ante la consulta de los periodistas. “Sí puedo adelantar que hay un patrón común: amedrentar al sistema judicial. Tenemos sospechas que hay vinculación intelectual entre muchos de los hechos, pero no entre todos”, agregó.
El Fiscal General de la provincia se refirió a la calificación legal de los ilícitos cometidos el 29 de mayo y dijo que “la imputación inicial y provisoria es por el delito de amenazas contra los poderes del Estado agravadas por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de edad. Se trata de un delito que tiene una pena mínima de cinco años y una pena máxima de 15 años de prisión, a lo que deben sumarse las agravantes, que aumentan cada un tercio la pena máxima y la mínima”.
Allanamientos
Baclini informó que “ayer se realizaron 25 allanamientos relacionados a los ilícitos cometidos contra los inmuebles en los que vivió el juez Manfrín. Las tareas fueron realizadas por personal de la policía provincial y por efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria”. En tal sentido, agregó que “ya teníamos alrededor de 85 teléfonos celulares secuestrados en distintas intervenciones que se hicieron en dos centros penitenciarios en los que están alojados integrantes de Los Monos”.
Gravedad institucional
Consultado acerca de la repercusión institucional que tienen los hechos que se investigan, Baclini sostuvo que, “desde un primer momento, nos preocupamos y nos ocupamos de una situación que casi no tiene antecedentes en la provincia de Santa Fe. Pusimos toda la intensidad en el trabajo fiscal, se realizó una labor minuciosa y por eso logramos resultados concretos”.