Después que el presidente del Tribunal Regional Federal de la 4° Región (TRF-4), Thompson Flores, decidiera de mantener en prisión al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, este lunes la Fundación Internacional del Derechos Humanos afirmó que Lula es un preso político y decidió conceder el estatuto de prisionero de conciencia.
El patronato de la fundación se reunió con urgencia en sesión telemática para discutir este caso el cual señalan como una violación del proceso judicial, y destacan la falta de garantías para la defensa del acusado, así como la empatía que manifiesta una parte de los jueces del proceso en contra del acusado.
Tras la suspensión de la orden de libertad a Lula, líderes de movimientos sociales y organizaciones progresistas han denunciado un atropello del poder judicial de Brasil en contra del líder del Partido de los Trabajadores (PT).
En horas de este lunes, frente al directorio nacional del PT en Sao Paulo, el senador Lindbergh Farías expresó que Sergio Moro «no tiene ninguna exención para actuar en ningún proceso del presidente Lula».
Agregó que los acontecimientos del domingo han servido para «desenmascarar el sistema y el sesgo de la justicia».
Dilma Rousseff coincidió con lo expresado por Farías y escribió un mensaje en su red social de Twitter: «Es evidente, ante el Brasil y el mundo, que Lula ha sido perseguido por los jueces que injustamente lo condenaron. Es evidente el carácter de esta persecución porque ni siquiera sirven una orden judicial para liberarlo. Corromper la institución que debe servir y lesionar la democracia».
El exmandatario Lula está en la cárcel desde el 7 de abril, en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, en la región sur de Brasil.