Ajuste, tarifazos y dictadura empresarial. Las recetas del ajuste elaboradas por el macrismo a nivel nacional hace rato que vienen siendo bien aplicadas por el gobierno provincial de Alberto Rodríguez Saá.
Mientras su hermano Adolfo le garantiza gobernabilidad pro-empresarial al Presidente de la Nación en la Cámara de Senadores, el ejecutivo provincial deja hacer y deja pasar aumentos de tarifas, cierres de empresas, despidos y suspensiones en suelo puntano.
Son miles los que no llegan a fin de mes en la provincia. Ya anteriormente, el INDEC informaba que San Luis tiene 53.795 personas en la pobreza y 4.468 personas en la indigencia. ¿Cuántas más habrá hoy en día con una inflación que ha llegado al 10 % en los primeros cuatro meses del año y que puede llegar al 30 % cuando este finalice?
Mientras la gobernación autoproclama por todos los medios que la provincia es la “mejor administrada”, el otrora aumento (¿Aumento?) salarial del 21 % -otorgado por decreto gubernamental sin paritaria alguna para los trabajadores estatales de la provincia- ha sido más que digerido por los índices inflacionarios actuales.
Con los aumentos de tarifas en los servicios básicos que en algunos casos han subido más del 1.000 % (10 veces) desde que Macri llegó a la Casa Rosada, con el aumento del 25 % en el boleto de transporte interurbano de la capital puntana, más los impuestazos aplicados a nivel provincial y municipal que desde el 2015 a la fecha alcanzan porcentajes que rondan el 262 % y el 400 % respectivamente, no hay bolsillo que aguante.
Pero, tanto Macri como Rodríguez Saá (ambos empresarios), no solamente quieren ajustar el salario de los trabajadores. Los cierres de fábrica, las suspensiones y los despidos continúan, siendo cada vez más. La crisis económica y financiera que atraviesa el país, y el pacto con el “Fondo Monetario Internacional” (FMI) van a traer una mayor pérdida de los puestos de trabajo, mayor precariedad laboral, más flexibilización de los Convenios Colectivos de Trabajo, aumento de la arbitrariedad patronal, banco de horas y reformas laborales de hecho.
Así se puede ver en los parques industriales de la provincia: suspensiones arbitrarias en Arcor y Bagley, centenares de despidos en Rheem y Canon Puntana, centenares de suspensiones en Mabe, traslados arbitrarios y despidos en reparticiones del Estado Provincial, entre otros casos.
¿Y qué hacen las cúpulas de la mayoría de los gremios y sindicatos? Ya se sabe, le dan la mano a los dueños de las empresas y tregua al gobierno. A lo sumo, sólo declaraciones y/o medidas aisladas que llevan de trasfondo la lógica del “Hay 2019”, es decir, esperar hasta las elecciones del año que viene.
¿Y el gobierno “progre” provincial? Lo que hace toda casta política que percibe sueldos de privilegio y vive una vida de ricos: administrar los negocios comunes de todo el empresariado instalado en la provincia. De aquí que en cada conflicto por despidos, suspensiones o cierres de fábrica aparezca el “Programa de Relaciones Laborales” como garante de la “Justicia Social” que deja pasar y deja hacer de todo a las patronales con la venia de la burocracia sindical.
Recurriendo análogamente a un viejo refrán peronista, para un empresario no hay nada mejor que otro empresario y, para ambos, no hay nada mejor que un gobierno compuesto principalmente por empresarios. Para ellos, San Luis sí es pago de buenos amigos o más bien, pago de buenos negocios.
Ante esta situación, la principal conclusión es que si ellos se preparan y se organizan para descargar la crisis sobre el pueblo y asegurar sus ganancias, los trabajadores y sectores populares tienen que hacer lo mismo pero con otros fines, a saber: para que no se destinen sumas de dinero millonarias en pagar la deuda externa o hacer pactos con el FMI, destinando ese dinero a la educación, la salud, el trabajo y la vivienda; para nacionalizar la banca y garantizar el monopolio del comercio exterior, evitando la fuga de capitales, la especulación y la devaluación del peso; para re-estatizar los servicios vitales de la población, poniéndolos bajo gestión de sus mismos trabajadores, control de los usuarios y al servicio de las necesidades de las grandes mayorías; para la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados; y para que esta crisis económica y financiera la paguen quienes más fortunas acumulan, los banqueros, terratenientes y empresarios.
Lejos de esperar a las elecciones del año que viene, la lucha por todo ello es ahora. Las mejores herramientas para dar el puntapié inicial en esa perspectiva son la organización e independencia política de los trabajadores, planes de lucha unificados y paros generales activos.
Johana Gómez – Referente provincial del PTS – Frente de Izquierda