El Poder Judicial de Jujuy sigue demorando el traslado de Milagro Sala a la casa ubicada en el barrio La Ciénaga porque supuestamente todavía no terminaron de instalar las cámaras de seguridad. «El Estado Nacional lleva 18 días de incumplimiento de la medida cautelar que emitió la CIDH y según la cual Milagro Sala debería estar fuera de la cárcel», denunciaron los abogados.
La defensa de Milagro Sala denunció nuevamente el incumplimiento del Estado argentino sobre la resolución dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de la dirigente de la Tupac Amaru porque, tras 18 días de demora, el Poder Judicial sigue sin trasladarla al inmueble ubicado en la localidad de El Carmen, según dispusieron los jueces Gaston Mercau y Pablo Pullen Llermanos.
El plazo de la cautelar venció el 11 de agosto, pero la Justicia jujeña aún demora el traslado de la dirigente social del penal de Alto Comedero a la casa donde cumplirá la prisión domiciliaria , a pesar de que la vivienda ya quedó en condiciones de ser habitada y que los defensores presentaron ante ambos jueces un escrito para exigir el traslado inmediato.
«El Estado Nacional lleva 18 días de incumplimiento de la medida cautelar que emitió la CIDH y según la cual Milagro Sala debería estar fuera de la cárcel para evitar que se produzca un daño irreparable en su integridad fisica», señalaron los abogados defensores de la diputada del Parlasur, quienes advirtieron que los jueces «siguen demorando» la mudanza de Milagro.
En un medio oficialista de la provincia de Jujuy, el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, manifestó que entre las próximas 48 o 72 horas terminarían de colocar cámaras alrededor del lugar donde cumpliría la prisión la diputada del Parlasur, cuando ya pasaron más de 12 días desde que se dio a conocer la resolución del segundo juez, Pullén Llermanos, que debía pronunciarse al respecto del pedido de la CIDH. «Nos dieron 15 días hábiles, había que llevar las casillas, la instalación eléctrica, los baños químicos, el sistema de agua para el personal. Creemos que el fin de semana concluiríamos con todos los pedidos”, se excusó.
Para los abogados, son “excusas dilatorias” que además son “contrarias a la ley” y advirtieron además que el cumplimiento sería de todas formas “parcial” porque la resolución emitida el 27 de julio exige la liberación de forma inmediata o, eventualmente, el otorgamiento de la prisión domiciliaria. «Esto no hace más que dar cuenta del ensañamiento que hay en contra de Milagro y del montaje de un monumental show mediático que solo pretende seguir estigmatizando a la diputada del Parlasur», señalaron.
Los defensores de la dirigente indicaron además que, acorde a la cautelar internacional, la prisión domiciliaria implica que la persona esté en su domicilio con sus afectos, pero los jueces establecieron “toda una serie de restricciones contrarias al régimen domiciliario”. Detallaron que dispusieron el control de Gendarmería, que es “absolutamente ilegal”, en tanto es violatorio de la ley 24660 que prohíbe expresamente que fuerzas de seguridad nacionales estén a cargo de la custodia de un detenido, y que la enviaron a un lugar que no es el que se solicitó, “negándole que cumpla la detención en el lugar en el que el año pasado Raúl Noro, su marido, había estado privado de su libertad por 4 meses».
Fue el mismo Meyer el que confirmó en una entrevista que Gendarmería Nacional y Policía de la Provincia estarán a cargo de la seguridad de Sala, al resaltar que el operativo del traslado ya fue coordinado de manera conjunta con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El ministro puntualizó también que se instalaron dos puestos de control fijos y móviles en las inmediaciones de la vivienda, que serán apoyados por el uso de las cámaras de seguridad.