Los recientes cambios en el gabinete provincial, luego de la notoria pérdida de votos del oficialismo, ponen de manifiesto no solo la debilidad del régimen familiar, sino también la inutilidad del Senado de la Provincia de San Luis.
De los nueve miembros que tiene, antes de las PASO se produjo la migración de la representante del departamento Pringles, Dominga Torres, quien pasó a integrar las huestes lideradas por Claudio Poggi. Ahora, tres de sus otros miembros pasaron al Ejecutivo, en una clara muestra de la innecesariedad práctica de esa institución legislativa.
Los departamentos Pueyrredón, Pedernera y Dupuy han perdido a sus cuestionados, pero legítimos representantes en la llamada cámara alta. María Angélica Torrontegui ahora cumple funciones de ministra de desarrollo social; Maximiliano Frontera se hizo cargo del faraónico parque La Pedrera, dejando de lado sus molestias por no haber sido designado para intentar su reelección en octubre y Sergio Freixes dejó de representar a sus coterráneos del Sur provincial para hacerse cargo del ministerio del campo.
Abandonaron sus funciones por órdenes de sus superiores. En una provincia normal desde el punto de vista institucional, esto significaría que el pueblo que los eligió, decidió cambiarles el destino, pero no es así. En San Luis, hasta ahora, la voluntad de dos hermanos se impone por sobre la decisión soberana del pueblo, pero esto está llegando a su fin.
Torrontegui, Freixes y Frontera están violando la Constitución Provincial, del mismo modo que sus colegas senadores que ilegalmente les han otorgado licencias o permisos expresamente prohibidos por la letra constitucional, pero hace tiempo que nada les importa de “la madre de las leyes y de la convivencia”, como irónicamente dice la papelería oficial que, en forma de membrete toma por infradotada a la ciudadanía sanluiseña.
Idéntica situación se registra en el caso del diputado provincial por el departamento Pedernera, Alfredo Domínguez, quien hasta diciembre goza de una banca de diputado nacional en reemplazo del recientemente fallecido Luis Lusquiños.
Con ello, todos los diputados y todos los senadores que consintieron esas ilegales licencias, están incursos en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos porque han abusado de su poder, dictando una resolución claramente contraria a la Constitución de San Luis, que dice que “todo diputado (y senador) en ejercicio de sus funciones que acepte cualquier empleo de los declarados incompatibles cesa por ése hecho de ser miembro de la Cámara”. Sin embargo, en San Luis, en lugar de cesar en el cargo como ordena la Carta Magna, se les otorga licencia. Todo diferente a lo establecido en la ley de leyes.
Esto y tantas irregularidades más, hacen a la patología institucional que padece la provincia de San Luis con el régimen de la familia Rodríguez Saá y que ellos mismos se encargan de pretender hacernos creer que es normal, que está bien. Que en todo caso, somos exagerados quienes exigimos el cumplimiento de la ley.
Torrontegui, Freixes, Frontera y Domínguez han cesado en sus funciones como legisladores. Eso dice la ley que no admite dobles interpretaciones, por más distraídos que permanezcan los funcionarios del Poder Judicial que ya debieron actuar de oficio, porque estamos frente a hechos de público y notorio conocimiento que, como tales, no escapan a su percepción.
Estas irregularidades institucionales, también son consecuencias de un régimen provincial que tiene claramente disminuida sus funciones, su iniciativa política y que carece de figuras de recambio frente a un revés electoral. Cabe preguntarse entonces, a quienes acudirán en octubre, si se repiten los resultados de agosto. Porque en San Luis, hasta acá llegaron.
