El gobierno nacional cumplió lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en forma tardía y parcial.
Con la misma actitud persecutoria y humillante que le viene aplicando desde su detención en enero del año pasado, dispuso trasladarla a una casa en el barrio La Ciénaga, en las afueras de Jujuy, que carece de puertas, ventanas, conexión eléctrica, agua y sanitarios.
Por Horacio Verbitsky para Página/12
El gobierno nacional concedió la prisión domiciliaria a Milagro Sala, en tardío y parcial cumplimiento de la medida cautelar concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero con la misma actitud persecutoria y humillante que le viene aplicando desde su detención en enero del año pasado, dispuso trasladarla a una casa en las afueras de la ciudad, en el barrio La Ciénaga, que carece de puertas, ventanas, conexión eléctrica, agua y sanitarios. La CIDH ordenó su inmediata libertad, pero en atención al grave riesgo para su vida e integridad física en el penal de Alto Sufridero admitió medidas alternativas como la libertad controlada por medios electrónicos o la prisión domiciliaria. Luego de dos semanas de trámites que incluyeron al gobierno jujeño de Gerardo Morales, a su Superior Tribunal de Justicia y a dos jueces por cuyas órdenes fue privada de su libertad el juez Gastón Mercau notificó en la mañana del miércoles la prisión domiciliaria a los abogados de la dirigente de la organización barrial Túpac Amaru. Mercau es yerno de la presidente del Superior Tribunal, Clara De Langhe de Falcone, quien lo designó ad hoc a cargo de las causas contra Milagro. De Langhe de Falcone fue la abogada de Morales en una denuncia contra el actual presidente Maurizio Macrì por el vaciamiento de la Correo. Luego fue vicepresidente del bloque radical en la Legislatura. Por si hacía falta algo más, las fotos que acompañan esta nota son una demostración inapelable del ensañamiento oficial con Milagro Sala.
