Los trabajadores despedidos continúan reclamando la reapertura y su reincorporación. Junto a organizaciones sociales y dirigentes políticos marcharon desde el Obelisco hasta el Congreso donde intentaban presentar un proyecto que plantea la expropiación.
Policías de la Ciudad bloquearon el paso a los trabajadores despedidos de PepsiCo que marchaban desde el Obelisco en reclamo por la reapertura de la planta que la multinacional cerró en Florida, Vicente López, y la reincorporación de los trabajadores. Los efectivos se enfrentaron a los manifestantes a los empujones y con gases lacrimógenos para evitar que los trabajadores puedan llegar hasta el Congreso, donde tenía planeado entregar un proyecto de ley que plantea la expropiación de la planta.
“Gases lacrimógenos fue la respuesta del Estado a nuestro reclamos. Somos trabajadores, no podemos perder nuestros puestos de trabajo. Queremos volver a trabajar y que se reabra la fábrica de alimentos”, sostuvo Camilo Mones, uno de los delegados de PepsiCo tras el avance de la policía que les bloqueó el paso y a los golpes, empujones y gases lacrimógenos les impidió llegar hasta las puertas del parlamento. “Veníamos a entregar un petitorio, un proyecto de ley para plantear la expropiación o nacionalización y nos responden con palos. El Gobierno tiene un nuevo deporte, reprimir trabajadores que luchan”, repitió el delegado.
La protesta comenzó a primera hora de la mañana, pasadas las 8:00, frente al Obelisco, donde los manifestantes cortaron el tránsito de manera total en la avenida 9 de julio. Junto a organizaciones sociales y partidos políticos que acompañan el reclamo marcharon hasta el Congreso, donde los despedidos mantenían una carpa.
Una vez en el Congreso, la diputada por el PTS Nathalia González Seligra presentó un proyecto de ley para expropiar la planta de la multinacional y «preservar» los puestos de trabajo de los 600 trabajadores despedidos de PepsiCo. También presentó un pedido de interpelación al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
El 20 de junio pasado, la multinacional anunció el cierre de su planta de Florida y el despido de los 600 operarios que allí cumplían funciones. Lo hizo de una manera particular: con un cartel en la puerta de entrada con el que se encontraron los trabajadores al día siguiente cuando fueron a cumplir su horario laboral. Desde ese momento, los trabajadores denunciaron que la empresa incurrió en un lockout patronal y montaron una vigilia en la planta, para evitar que se llevaran las máquinas.
En paralelo, el Ministerio de Trabajo aceptó el procedimiento de crisis presentado por la empresa, que los trabajadores denunciaron como ilegal, y un fallo judicial ordenó la reincorporación de un grupo de trabajadores por considerar que dicho procedimiento no se hizo de acuerdo a lo establecido por ley. El 13 de julio, la policía bonaerense avanzó violentamente sobre los trabajadores que mantenían tomada la planta y reprimió a manifestantes que se encontraban en la puerta.
