San Luis (LaNoticia) 11-03-15. La información que publicamos en nuestra edición de ayer, sobre el desalojo sufrido en Juana Koslay por la ciudadana Cristina Maturano, es una prueba cabal de que, en San Luis, los sectores más vulnerables están totalmente desprotegidos por el sistema que conforman los tres Poderes del Estado.
Cristina Maturano tiene dos hijos, una es menor de edad y el mayor está casado con una joven que ya le dio un nieto y viene otro en camino. Los seis quedaron literalmente en la calle debido a un fallo de la juez Civil Irma Castro, quien no se preocupó por el destino que le espera, de ahora en adelante, a los menores y al bebé que viene en camino. Dio la orden de desalojar y todos, con su suerte a cuestas, a la calle y la juez a dormir tranquila como siempre.
Castro ya tiene un proceso similar con anterioridad, cuando -entre tantos otros jueces- le dio la razón a “El Gran Editorialista” mientras era gobernador, de que la familia Escudero debía abandonar el campo que tenían en Estancia Grande, por el simple hecho de que al gobernador le había dado el capricho de que allí se construyera un megaemprendimiento turístico, aun cuando en el Decreto de expropiación había dado como excusa la construcción de un centro de salud y una escuela. En aquel momento, a Castro no le importó si la Utilidad Pública se cumplía o no. Firmó y listo. Hoy hizo exactamente lo mismo.
Archisabido es que los abogados tienen dos bibliotecas, y utilizan la mitad que más les favorece en cada causa que llevan adelante, pero esto debería ser limitado por el juez, porque si el juez hace lo mismo que los abogados, pobre de nosotros los justiciables. En ese sentido, es jurisprudencia que ante lo que indican las normas de rito, el juez debe poner en la balanza los efectos negativos que pudiera ocasionar su aplicación. En el caso que analizamos, los efectos negativos fueron precisamente dos menores y un bebé por nacer, en la calle. Entonces, la gran pregunta para la juez sería ¿No debió estudiar los `efectos colaterales´ de su fallo antes de llevarlo a la ejecución?
Poder Legislativo
Aunque ya es tarde para la familia de Maturano y todos los que vendrán con el tiempo, la ley de vivienda social en San Luis debería haber tenido en cuenta una determinada cantidad de años -50, 75, 100-, a partir de recibir la vivienda social, para que no pudiera cederla, alquilarla, venderla. La ley debió contemplar que en esa cantidad de años, el beneficiario de una vivienda social, la usara, porque para eso es una ley así, para que tengan casa aquellos de menores recursos, que no pueden comprar una con sus ingresos; y no como ocurre en nuestra provincia, que con una vivienda social uno puede lucrar en el negocio inmobiliario mientras hay familias que no tienen una casa digna. No es menos cierto que éste es solo uno de los tantos puntos que debería haber tenido la ley para evitar los negocios inmobiliarios de los que más tienen.
Poder Ejecutivo
La realidad muestra que cuando el entonces gobernador Adolfo Rodríguez Saá lanzó el ambicioso plan de viviendas, donde entregó casi 50.000 casas, si bien fue una gran medida, fue más una medida de propaganda política que una de verdadero contenido social.
Precisamente esto ocurrió porque nunca se tuvo en cuenta, tal vez porque se les pasó, tal vez porque así lo quisieron, que el negocio inmobiliario debía quedar muy por fuera de estas viviendas. Porque el derecho a la propiedad -embarrado por el neoliberalismo salvaje- choca de frente con la idea socialista de la vivienda. Se creó un híbrido que termina perjudicando a los más débiles, a aquellos que desconocen las leyes y fundamentalmente a aquellos que no pueden contratar a los mejores abogados. Cabe aclarar acá, que estamos hablando de viviendas sociales, no de viviendas particulares construidas o compradas por quien puede hacerlo.
Es por esto que, hoy en día, hay quienes son dueños de varias viviendas sociales con las que lucran, pero hay muchos más que no tienen dónde vivir, pero como estamos en un Estado donde sus tres Poderes son más amantes del capitalismo salvaje que del socialismo solidario, es que muchos ciudadanos como Cristina Maturano están en la calle mientras otros lucran con las viviendas sociales.
Es lamentable que a una semana de su desalojo, ningún funcionario -ni de Juana Koslay ni del gobierno provincial- se haya acercado a Maturano para entregarle una vivienda social para que, con sus hijos y nietos, ella pueda tener su vivienda digna. Muy lamentable
Carlos Rubén Capella
lanoticiaensl@gmail.com