El pedido de los integrantes del Ministerio Público Fiscal fue realizado ante el juez federal Julián Ercolini, quien está al frente del expediente. En esta causa aún no hay detenidos y es el primer pedido de indagatoria que cae sobre la ex mandataria en esta denuncia.
El pedido de los fiscales presentado ante el juez comprende también a Martín Báez; el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares; el socio inmobiliario de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice; Romina Mercado, presidenta de Hotesur y sobrina de la expresidenta; Ricardo Albornoz, escribano de Báez; y César Andrés, contador de Báez, entre otros. Son un total de 24 indagatorias que por primera vez se piden en esta causa.
Cristina y sus hijos ya están procesados por una maniobra similiar, en el caso Los Sauces, por alquiler de inmuebles por parte de Lázaro Báez y Cristóbal López. Además, la exmandataria junto con Lázaro Báez están procesados también por el delito de fraude en el manejo de la obra pública vial durante el kirchnerismo.
Los fiscales evaluaron cómo los Kirchner se hicieron de los fondos para comprar los hoteles y luego la administración, la cual había sido cedida a una de las firmas de Báez, Valle Mitre.
Según los fiscales, la Municipalidad de Río Gallegos entregó tierras fiscales a Néstor Kirchner por montos que no superaban los 130 mil pesos y luego el expresidente los revendía a 2 millones de dólares a distintas empresas. Además, aseguraron en le escrito que ahora evaluará Ercolini, sin plazo para definir si hace lugar o no a las citaciones, que Lázaro Báez hizo un préstamo en 2007 a Néstor Kirchner de 8 millones de pesos.
También que recibió préstamos beneficiosos del Banco de Santa Cruz. Para los investigadores, Hotesur una vez adquirida por los Kirchner fue vaciada y la administración puesta bajo la firma Valle Mitre, del empresario Báez. En ese sentido, los fiscales dieron cuenta en el escrito al que accedió NA, que fue un total de 86 millones que desembolsó Valle Mitre a Hotesur por el pago de canones de alquiler de habitaciones de los distintos hoteles del matrimonio Kirchner: Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea.
Algo que llamó la atención de los fiscales es que si bien Lázaro Báez argumentó que los hoteles eran alquilados a empleados de sus empresas que trabajaban en esa zona, y no tenían residencia fija allí, muchas de las obras estaban ubicadas a unos 400 kilómetros.
Por la administración de Hotesur, Valle Mitre le pagaba incluso un canon a dicha empresa de 500 mil pesos por mes. En tanto, los fiscales acusaron que el delito precedente de lavado de dinero es los negocios de la obra pública que recibía el empresario Lázaro Báez.
«Puede decirse que la subsistencia de la firma VALLE MITRE para afrontar los compromisos contractuales asumidos con la familia Kirchner jamás hubiera podido garantizarse si no hubiese existido la inyección de fondos reseñada que en forma constante y sistemática canalizaban las mismas empresas adjudicatarias de obra pública vial que habían sido previamente beneficiadas desde el Estado Nacional», sostienen Pollicita y Mahiques.
«El beneficio económico que finalmente era entregado a Hotesur no provenía de la actividad hotelera, sino del lavado de dinero y todo este esquema tenía por único fin darle apariencia de legalidad a los fondos que provenían de la obra pública», añadieron.