Como nuevo argumento de campaña, el gobierno de San Luis pretende ilusionarnos con el regreso de la promoción industrial, cuando ellos son los primeros que conocen la falacia que en sí mismo, encierra este nuevo discurso de neto corte electoral.
La contradicción y el miedo a perder las próximas elecciones del 13 de agosto, son las principales debilidades que tienen quienes todavía dominan San Luis. Por un lado, la contradicción se manifiesta cuando desde el Poder Ejecutivo, primero ordenan a sus legisladores votar una ley para castigar a las industrias que ocupen personas foráneas a la provincia. Por otro lado, la necesidad de generar esperanzas en un pueblo habido de fuentes de trabajo, los lleva a promover la creación de supuestas comisiones gestoras de una nueva promoción industrial.
Sabido es que si alguien quiere que algo no funcione, lo ideal es crear una comisión. Tal aserto, que algunos le atribuyen a Perón y otros a Napoleón, es exactamente lo que está siendo realidad en los preocupantes tiempos electorales de la dinastía de San Luis.
La provincia carece de política industrial. El Ministerio específico que existía en la materia dejó de funcionar en el momento mismo en que concluyó la gestión de Claudio Poggi, y desde entonces, jamás se esbozó, ni desarrolló, ningún plan que pudiera generar expectativas ciertas en una comunidad que disfrutó de los beneficios de la promoción industrial, por decisión de los gobiernos nacionales de la época y no precisamente por mérito de quienes se sienten dueños del destino de los sanluiseños.
El nuevo argumento electoral del oficialismo pretende generar esperanza. Esperanza vacua, cuando su punto de partida es la decisión de una esfera extraña a quienes la promueven.
Las leyes que promocionaron la radicación industrial y que beneficiaron a San Luis, tienen origen en el último gobierno de Perón, cuando San Luis era gobernada por Elías Adre, a quién se oponía furiosa y temerariamente un novel diputado provincial llamado Adolfo Rodríguez Saá. Luego surgieron las leyes de la dictadura y los retoques del legítimo sistema democrático.
Probablemente, si el ahora preocupado Adolfo, hubiera advertido los “beneficios” que a él le generarían los llamados “señores 7 %”, no se hubiera opuesto al gobernador Adre, que firmó el Acta de Reparación Histórica que dio origen a la promoción industrial que hizo brillar a San Luis con beneficios nacionales, como que el monto de las inversiones industriales pudieron deducirse del impuesto a las ganancias; que hubo relevantes diferimientos en el pago de otros tributos nacionales y también considerables franquicias en el IVA.
Ha quedado dicho que fue Adolfo Rodríguez Saá, quien “instauró el más perfecto sistema de coimas de que se tenga memoria: los señores 7 % que eran los cajeros de carne y hueso que trabajaban para él en la Consultora Comechingones. A tal extremo llegó la avaricia que le es propia, que por entonces, fue Roque Fernández, Ministro de Economía de la Nación, quien denunció que “en el proceso de radicación industrial llevado a cabo en los años de Rodríguez Saá, hubo 50 millones de dólares que se pagaron en concepto de retornos”.
La Fortaleza que tienen, es el dominio arbitrario del presupuesto provincial. La Oportunidad es del pueblo de la provincia para dar una vuelta de página el 13 de agosto. La Debilidad del gobierno es su propia contradicción. La Amenaza, es la decisión de una mayoría popular que solo espera el momento preciso para dar en silencio su contundente veredicto y que jamás vuelvan los “Señores 7 %”.