Antes de la marcha convocada contra el reciente fallo de la Corte Suprema, el Senado aprobó por unanimidad la ley que excluye del beneficio del 2×1 a los autores de crímenes de lesa humanidad. La iniciativa había obtenido la media sanción de Diputados.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad y convirtió en ley la norma que prohíbe la aplicación de la ley del 2×1 a los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a un represor. En un debate de cuatro horas y media, el proyecto que obtuvo media sanción de Diputados fue aprobado por 56 votos afirmativos y ninguno en contra.
La norma aprobada establece que el 2×1, previsto en el artículo 7° de la ya derogada ley 24.390, «no es aplicable a delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra». En su segundo artículo sostiene que «será aplicable sólo a aquellos casos en los que el condenado hubiera estado en prisión preventiva durante la vigencia de la ley», entre 1994 y 2001. El tercer artículo señala que lo dispuesto en los dos artículos anteriores es «la interpretación auténtica» del «dos por uno» y que «será aplicable a las causas en trámite».
En representación del oficialismo, los senadores Federico Pinedo y Laura Rodríguez Machado intentaron responder a los cuestionamientos de la bancada opositora por los vaivenes del Gobierno para oponerse al fallo que benefició al represor Luis Muiña. «Rechazo de manera absoluta que el Gobierno haya hecho alguna jugada para que algún represor quede libre», enfatizó la jefa de los senadores del PRO.
El jefe del bloque radical, Ángel Rozas, también salió en defensa del Gobierno e intentó desligarlo del fallo, dijo que se trató de «una decisión de uno de los Poderes del Estado equivocado, absolutamente equivocado».
Desde el Frente para la Victoria cuestionaron la política del Gobierno nacional en materia de derechos humanos y a los jueces de la Corte que emitieron el fallo y fueron propuestos por el Gobierno: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. El presidente del Bloque del PJ-FPV, Miguel Ángel Pichetto, consideró que es necesaria una «oxigenación» de la Corte Suprema, al reclamar que quienes hayan cumplido los 75 años «se retiren» o soliciten el análisis de sus pliegos en el Congreso, en una mención directa a Elena Highton de Nolasco.
Pichetto también cuestionó a los jueces supremos por no «haber hecho un esfuerzo, una cohesión entre los integrantes» al emitir el fallo del 2×1. “Nos encontramos con decisiones judiciales irracionales, que son irresponsables», señaló. Pidió «rearmar» el máximo tribunal para que «tenga una verdadera expresión» y que «haya un penalista en la Corte».
“Estamos votando un mensaje muy claro de uno de los Poderes del Estado dirigido a otro Poder que es el Judicial: el gato tiene cuatro patas, no tiene cinco. Tienen que dejar la construcción ficcional para hacer lo que quieren, tienen que atenerse a la ley», concluyó Pichetto.