En poco tiempo más habremos de conocer la convocatoria a elecciones que debe formular al gobierno municipal. Por primera vez Potrero de los Funes elegirá Intendente Municipal y Concejo Deliberante con cuatro concejales tal como lo determina la constitución provincial y la Ley de Régimen Municipal y su población censada en el 2010.
Para que esto ocurra y como el gobierno provincial viene teniendo una firme y coherente actitud de incumplir con la constitución provincial, fue necesario un acuerdo entre los legisladores provinciales para sancionar una ley que haga cumplir con la constitución y la ley. Un acuerdo, en fin, como para disimular un poco la escasa vocación republicana del señor feudal que nos gobierna.
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Digo acuerdo parcial porque el oficialismo no quiso que esta ley garantizase la plena constitucionalidad a las localidades que les corresponde contar con Comisión Vecinal de cuatro miembros y que son Nueva Galia, Arizona, Fortuna, Fraga, Villa Larca, Cortaderas y Beazley.
¡Vaya uno a saber cuándo el capricho del feudo querrá darle a estas localidades el derecho que la constitución les garantiza!
Existe también otro grupo de localidades que cuyos gobiernos municipales no cumplen con la constitución y la ley que la reglamenta. Son aquellas que de acuerdo al censo 2010 deben contar con mayor número de concejales, pero que no necesariamente deben esperar a que el gobernador y su séquito de funcionarios cómplices y aplaudidores de sus inconstitucionalidades, le digan qué hacer.
Es usual que cuando el gobierno provincial efectúa la convocatoria a elecciones, invite a las Intendencias Municipales a que adhieran a ese calendario fijado a nivel provincial en sus respectivas convocatorias.
Esto es así en virtud a la autonomía de que gozan las intendencias municipales con tanto arraigo constitucional e histórico en nuestra Patria.
Si es real y efectiva la vocación autónoma de nuestros municipios hay siete localidades que deben aumentar la cantidad de concejales a elegir. Veamos
a) Juana Koslay tiene 12.467 habitantes y 9 concejales, le corresponden 10, debe agregar 1;
b) La Punta tiene 13.182 hab y 4 concejales, debe tener 10, debe agregar 6;
c) Quines con 7.459 hab. tiene 7 concejales, le corresponden 9, debe sumar 2;
d) Candelaria con 2.729 hab. tiene 4 concejales y debe tener 5, debe agregar 1;
e) La Toma con 7.374 hab. tiene 7 concejales, debe tener 9, debe agregar 2;
f) Concarán tiene 5.119 y 5 concejales, debe tener 7, debe agregar 2;
g) Sta. Rosa del Conlara tiene 5.511 habitantes y 5 concejales, debe tener 7 y sumar ahora 2.
Las cifras de población como está dicho, corresponden al Censo Nacional 2010 y fueron obtenidas de la publicación oficial del INDEC; el gobierno provincial también las tiene en su poder aunque no las ha publicado porque de hacerlo sería mucho más evidente el incumplimiento del estado de derecho. La publicación no la hace ahora Alberto Rodríguez Saá y no la hizo en su momento Poggi, seguramente el cumpliendo órdenes del primero.
Además, el 2015 el entonces Director de Estadísticas y Censos de la provincia, Dr. Garraza, me entregó copia de estas cifras. Si alguien está interesado en conocer las cifras oficiales del Censo por población puedo indicarle cómo acceder a ellas.
Los señores intendentes municipales de las localidades antes precisadas debieran asumir con decisión y coraje cívico republicano el cumplir con la constitución y la ley, pese a los aprietes que puedan recibir de parte del gobernador Alberto Rodríguez Saá tan amigo de delinquir contra la constitución y nuestros derechos de contar con un gobierno republicano en cada rincón de nuestra provincia.
No serán los actuales intendentes municipales de La Punta, Juana Koslay, La Toma, Concarán, Santa Rosa del Conlara, Quines y Candelaria quienes estén fuera de la ley, es el gobierno provincial. Pero si siguen tolerando esta situación, serán mi juicio cómplices silentes de esta situación.
La constitución y la ley están de su lado, sólo deben cumplir con lo que juraron en el momento de asumir y ser ciudadanos convencidos del republicanismo que nos rige.
Un agravante
Hay una situación que agrava esta situación en lo concerniente a la ciudad de La Punta. En noviembre de 2007 el gobierno provincial censó esa localidad, lo que arrojó una población de 11672 habitantes. Dato éste que sí está publicado en la web del gobierno provincial.
Ya con esa población le correspondía contar con más concejales. Si en algún momento este gobierno, incluyendo al de Poggi, ensayó excusas superficiales y de poco vuelo acerca del Censo Nacional, no pueden negar los datos de su propio censo. Lo hicieron a gusto y paladar, pero ni aun así se les ocurrió cumplir con la constitución.
Finalmente
Es evidente que para mantener reducida la autonomía municipal, para coartar la participación del pueblo en sus gobiernos locales, para seguir coparticipando migajas, poder sostener el estado feudal, los Rodríguez Saá no quieran tener los gobiernos municipales que corresponden. Está visto y probado.
Nos queda a los ciudadanos y a los funcionarios ejercer nuestros derechos y exigir lo que corresponde. Por eso invito a los Intendentes Municipales de estas siete localidades que cuando promulguen las convocatorias electorales que deben hacer, lo hagan con la constitución, la ley y los datos censales en la mano. Si así actúan, veremos quién es quién en esto de respetar las instituciones republicanas y democráticas.
