Hoy el Gobierno nacional deberá presentarse en Washington para dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la Organización de Estados Americanos, con respecto a dos temas: la reforma política migratoria llevada a cabo por decreto en enero de este año y la situación de represión a la protesta social en la provincia de Jujuy.
En cuanto al tema migratorio, le tocará a representantes de la Cancillería asistir a la audiencia a defender el decreto que modificó la ley de migraciones (aprobada en 2010 después de haber sido debatida durante meses por el Congreso y con la participación de todos los sectores involucrados). El Estado argentino fue citado de oficio a explicar el endurecimiento de sus políticas para migrantes, es decir, por iniciativa de la propia CIDH.
El decreto con firma del presidente Mauricio Macri acortó los plazos de expulsión de extranjeros con antecedentes penales y fue presentado pocos días después de las órdenes ejecutivas con las que el presidente Donald Trump vetaba el ingreso de refugiados e inmigrantes de Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak a Estados Unidos, país que también está citado a dar explicaciones sobre este tema ante el organismo interamericano.
Por otro lado, la audiencia en la que se tratará la criminalización de la protesta social en la provincia de Jujuy, que tendrá lugar a las 10.30 (9.30 en Washington), fue solicitada por el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro (SOEA de La Esperanza), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), el CELS y Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional declaró en un comunicado que líderes gremiales y sociales jujeños viajarán a Washington para exponer «sobre las respuestas estatales que buscan silenciar el disenso en esa provincia». A la audiencia originada por “denuncias de represión de la protesta y de la sindicalización en la provincia de Jujuy” fue citado Mariano Miranda, fiscal de Estado de Jujuy.
Miranda es quien presentó en enero del año pasado la denuncia contra Milagro Sala, después de ésta realizara una protesta contra el Gobernador Gerardo Morales, a raíz de la cual la dirigente permanece en prisión, algo que la CIDH ha calificado como “detención arbitraria” por la cual ha pedido “dar pronta respuesta”. Además, Miranda fue uno de los destinatarios de los mails revelados por Horacio Verbitsky en este diario, que dan cuenta de un acuerdo para manipular a la CIDH en su próxima visita al país, para mantener la prisión preventiva de la líder de la Túpac Amaru.
