Los jueces Rita Ailán y Esteban Furnari solicitaron al Ejecutivo que brinde informes sobre el decreto que modificó la ley de Sinceramiento Fiscal aprobada por el Congreso para permitir que los familiares directos de funcionarios puedan adherirse, algo que estaba expresamente prohibido en la norma.
Se trata de causas iniciadas por la asociación civil «Abogados por la Justicia Social» y por el diputado nacional y ex gobernador bonaerense Felipe Solá. Se suman a las dos procesos penales en curso, en uno de los cuales ya están imputados el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el renunciante ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay.
De acuerdo con la nueva ley de medidas cautelares, ante una demanda contra el Estado éste debe ser notificado para que presente un informe en respuesta al reclamo. La jueza Ailán le dio la semana pasada al Gobierno un plazo de cinco días hábiles para que presente el informe, mientras Furnari habilitó ayer un lapso de tres días.
Por la feria judicial que comienza el lunes, la respuesta podría llegar recién en febrero. Tras recibirla, los magistrados estarán en condiciones de resolver si suspenden o no cautelarmente la aplicación del polémico decreto.
