El Vaticano y el episcopado argentino anunciaron que culminaron el proceso de catalogación y digitalización de los archivos que poseían sobre la última dictadura cívico militar, que gobernó entre 1976 y 1983 en la Argentina, y que los pondrán a disposición de los familiares de las víctimas.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) defendió al mismo tiempo la actuación de la Iglesia católica durante aquel período, pese a los extendidos cuestionamientos que recibió, y afirmó que la apertura de los archivos era «un servicio a la Patria, para la reconciliación de los argentinos».
El Vaticano subrayó que la desclasificación de los 3000 documentos, impulsada originalmente por el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, «se ha desarrollado teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz, continuando con el diálogo abierto a la cultura del encuentro».
El vicepresidente primero de la CEA, Mario Poli, por su parte, afirmó que la Iglesia «no le tiene miedo» a la apertura de los archivos y sostuvo que la decisión de ponerlos a disposición de las víctimas representa «un servicio a la Patria, para la reconciliación de los argentinos».
El titular de la Conferencia Episcopal, José María Arancedo, a su turno, negó la «complicidad» de la Iglesia con la dictadura aunque reconoció que «no hizo todo lo que pudo y, eso es cierto, y pedimos perdón». «Complicidad es una palabra fuerte y creo que de los documentos va a surgir otra palabra. Me atrevo a decir que, una vez que se pueda tomar contacto con todo el camino, la presencia de la Iglesia va a aparecer con más luces que sombras, que siempre puede haber», agregó el arzobispo de Santa Fe, quien remarcó que «la Iglesia permaneció en ese momento difícil». «No se fue, se quedó aquí, y quedándose aquí tuvo muchas heridas, muchas muertes dentro de la propia Iglesia, y mucha gente que se ayudó a salir del país. Es una historia que está por hacerse».
La presidenta de la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había solicitado en abril la apertura de los archivos del Vaticano. «Cuenten conmigo», respondió el argentino Jorge Mario Bergoglio a las mujeres que buscan a sus nietos apropiados ilegalmente durante la última dictadura militar en Argentina. Las Abuelas ya restituyeron la identidad de 121 nietos, pero continúan en la búsqueda de otros 400. «Esto puede ayudar a encontrar más nietos», celebró la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas. La junta militar liderada por Jorge Rafael Videla que el 24 de marzo de 1976 destituyó a la presidenta María Estela Martínez de Perón instituyó un régimen represivo sangriento que dejó unos 30.000 desaparecidos en el país sudamericano, según estimaciones de organismos de derechos humanos. El director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, destacó la apertura de los archivos de la Iglesia católica al considerar que esos documentos «pueden contener información valiosa» para las causas judiciales sobre delitos de lesa humanidad, pero se quejó de que «no se trate de información de acceso público».
La Conferencia Episcopal Argentina y el Vaticano confirmaron que finalizó el proceso de digitalización de la documentación de la Iglesia Católica acerca de la última dictadura cívico-militar y adelantaron que la pondrán «a disposición» de las víctimas y familiares de los detenidos desaparecidos.
«La Iglesia no le tiene miedo a la verdad. Siempre ilumina, aunque duela», aseveró el vicepresidente primero de la CEA y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, durante la confirmación de la desclasificación de los documentos, que ya había sido anunciada en abril pasado por Francisco a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
La decisión de desclasificar los archivos había sido tomada el pasado de 15 de octubre, tras la reunión que la mesa ejecutiva de la CEA, que preside José María Arancedo, mantuvo con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y Richard Paul Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados.
Al ser consultado acerca de si de los documentos ahora desclasificados podrían surgir pruebas sobre el rol que jugó la Iglesia durante la dictadura, Poli respondió que “la Iglesia hizo lo que tenía que hacer” aunque reconoció que “no está ausente el mea culpa y el pedido de perdón por lo que no se hizo”.
Arancedo, por su parte, sostuvo que «la Iglesia ha hecho muchísimo, aun con el estrecho margen que tenía». «Hubo intervenciones concretas de la Iglesia por mucha gente y eso se ve en las cartas”, explicó.
«De acuerdo a un protocolo que se establecerá próximamente», las víctimas y los familiares directos de los detenidos desaparecidos podrán acceder a los archivos, al igual que los superiores mayores «en el caso de religiosos o eclesiásticos».