Trabajadores brasileños salieron a las calles a protestar contra las medidas neoliberales de Temer y exigir mejoras salariales.
El Gobierno interino de Michel Temer en Brasil confirmó que está en curso la privatización de 34 empresas estatales de áreas estratégicas del país. Para justificar el giro neoliberal usó frases típicas de los gobiernos de derecha usadas en los años 90.
“Estamos abriendo 34 oportunidades de concesiones en área de puertos, aeropuertos, carreteras, ferrovías, energía, petróleo, gas (…) Con esto estamos abriendo y universalizando el mercado brasileño, en la convicción de que para combatir el desempleo y hacer que el país crezca es necesario incentivar la industria, los servicios, el agronegocio, además de restablecer la confianza, porque se dio un momento en que se perdió la confianza en el país”, afirmó Temer.
A cargo de las privatizaciones está el Programa de Asociaciones de Inversiones (PPI), al mando de Moreira Franco, político especializado en las privatizaciones durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
Los aeropuertos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza y Porto Alegre entran en el paquete de privatizaciones anunciado el pasado martes. Esto era considerado por Dilma Rousseff, pero a diferencia de ella, Temer no exige que los adjudicatarios de las licitaciones tengan como socia en la operación a Infraero, administradora estatal de los aeropuertos. Tal es el caso de los aeropuertos privados de Guarulhos, Galeão y Brasilia.
También está a la venta parte de los activos de la estatal Eletrobrás, en el sector eléctrico. El ministro de Minas y Energía, Fernando Bezerra Coelho Filho, afirmó que habían sido localizadas 179 Sociedades de Propósito Específico (SPE) con participación de Eletrobrás que pueden ser vendidas por hasta 20 mil millones de real brasileño (más de 6.100 millones de dólares).
Además, se prevé discutir la próxima semana en la Cámara Baja un proyecto de reforma a la ley de explotación petrolera y retirar la obligatoriedad de que Petrobras (sumida en una crisis histórica por la enorme deuda y los escándalos de corrupción) sea operador con al menos 30 por ciento de participación en los campos de pre-sal.
La venta de activos de Eletrobrás y Petrobras, así como la privatización de carreteras, puertos y aeropuertos afectarán la vida de millones de trabajadores que ya sufren la deficiencia y precariedad de los servicios de muchas de estas empresas. Organizar la resistencia contra las medidas del gobierno golpista es una exigencia de primer orden y así lo han entendido los brasileños.
Protesta de trabajadores petroleros
El corresponsal de TeleSUR en Brasil, Ignacio Lemus, informó este jueves que los trabajadores paralizaron parcialmente sus labores, y que entre sus exigencias destaca un reajuste salarial, sin embargo, se movilizan principalmente contra la privatización de Petrobras. Sectores metalúrgicos también han manifestado en contra de la gran ola de despidos.
En contexto
De acuerdo con la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), la ley brasileña en vigor establece que Petrobras debe ser imperativamente el operador y tener al menos un 30 por ciento de participación en todos los bloques petrolíferos del pre-sal, descubierto en 2006 y donde las reservas superan los 30 mil millones de barriles.
Economistas, expertos y partidos políticos de centroderecha promueven una reforma en la ley para retirar esa obligatoriedad y abrir el sector al capital extranjero que ahora sólo participa en esos campos como socio, ante la dificultad de Petrobras de seguir invirtiendo por la voluminosa deuda que arrastra y que sobrepasa los 100 mil millones de dólares.
Luego de haberse perpetrado el golpe en contra de la mandataria Dilma Rousseff, el gobierno interino de Temer ha promovido la reforma del fondo de pensiones, la desvinculación de los presupuestos de educación y salud, así como la suspensión de programas sociales como «Mi casa, Mi vida», aunado a la criminalización y persecución de los movimientos sociales