Los datos que arroja el último Monitor de Opinión Pública no deberían leerse únicamente como una fotografía coyuntural, sino como una señal de época. Que el 64,2% de los consultados se manifieste a favor de bajar la edad de imputabilidad y que el 48,6% acompañe una reforma laboral en discusión habla menos de un alineamiento ideológico que de un clima social atravesado por la incertidumbre.

En la Argentina de hoy, el malestar económico —con un 76,1% que percibe que su salario pierde frente a la inflación y un 41,9% que atravesó situaciones de desempleo en su entorno cercano— no sólo impacta en el bolsillo: también redefine las expectativas sobre el rol del Estado, el sistema penal y el mercado de trabajo.

En ese contexto, la demanda de endurecimiento de las respuestas frente al delito juvenil no puede analizarse aislada de la percepción de fragilidad generalizada. Cuando amplios sectores sociales sienten que las reglas económicas no garantizan estabilidad ni previsibilidad, el reclamo de orden se vuelve transversal. La discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad se inscribe, así, en una lógica más amplia donde la tolerancia social frente a conductas consideradas desviadas disminuye a medida que aumenta la inseguridad económica.

Del mismo modo, el respaldo —aunque no mayoritario— a reformas en las relaciones laborales refleja el desgaste de un modelo sindical que buena parte de la sociedad percibe como distante de sus problemas cotidianos. La persistencia de altos niveles de informalidad y la caída del poder adquisitivo erosionan la legitimidad de estructuras que, históricamente, funcionaron como mediadoras entre el capital y el trabajo.

Este escenario ha sido capitalizado políticamente por el gobierno de Javier Milei, cuya imagen positiva alcanza el 47% en un contexto de fuerte polarización. La apropiación de temas que cuentan con respaldo social significativo —como la seguridad o la modernización del mercado laboral— le permite instalar la agenda pública mientras la oposición aún no logra articular liderazgos con capacidad de disputar ese terreno.

El contraste se profundiza al observar la evolución de figuras como Axel Kicillof, cuya imagen negativa supera el 60%. Más allá de las responsabilidades individuales, el dato remite a una dificultad más amplia para construir propuestas que conecten con demandas que hoy giran en torno a la estabilidad económica, la seguridad y la eficiencia institucional.

En paralelo, la salida de Marcos Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) activó otra alerta: el 59,3% rechaza cualquier intervención del Poder Ejecutivo en el organismo, aun cuando más del 60% desconfía de los datos de inflación publicados. La paradoja es elocuente. La sociedad puede cuestionar el termómetro, pero no está dispuesta a que el poder político lo manipule.

Este doble movimiento —demanda de cambios estructurales junto con exigencias de independencia institucional— marca los límites del momento actual. La ciudadanía reclama reformas, pero también garantías. Pide decisiones firmes, pero no a cualquier costo.

De cara a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el desafío no será sólo avanzar con iniciativas que cuenten con respaldo social, sino hacerlo sin erosionar los equilibrios institucionales que sostienen la credibilidad del sistema democrático.

Porque en tiempos de crisis, tan importante como cambiar las reglas es preservar la confianza en quienes deben aplicarlas.