Las organizaciones invocan el artículo 1 de la Carta de la OEA para remarcar que la injerencia no comulga con los principios de este organismo.
Movimientos sociales de Venezuela, entre los que destaca el Comité de víctimas de las Guarimbas, han enviado un comunicado oficial al embajador Juan José Arcuri, presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para solicitar la apertura de un procedimiento de averiguación disciplinaria hacia el secretario general de este organismo, Luis Almagro.
“Planteamiento que le pedimos considere con extrema urgencia por la inadecuada actuación de dicho funcionario de alto rango en contra de la República Bolivariana de Venezuela”, suscribe el comunicado.
En el texto, las organizaciones sociales invocan el artículo 1 de la Carta de la OEA para recalcar que la postura injerencista y entrometida de Almagro no se corresponde con el espíritu propio del organismo, puesto que en dicha epístola se establece que la OEA no tiene ni la facultad ni la autoridad para “intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros”.
“Asimismo, queremos destacar que no solo el señor Almagro se ha excedido en el desempeño de su cargo al mezclarlo con sus posiciones políticas públicas, sino que su indigno proceder afecta negativamente la imagen y credibilidad de tan prestigioso organismo, haciéndolo lucir como un simple ministerio de colonias al mantener posiciones individuales contrarias a la Unidad Latinoamérica”, expresa el documento enviado a Arcuri.
Este documento además denuncia el asedio que Almagro ha emprendido en contra del país a través de los medios de comunicación y redes sociales opinando sobre la situación política de la nación suramericana y de cómo debe ser su proceder, una actitud que le resta imparcialidad, “una cualidad que es imprescindible para el cumplimiento de sus funciones”.
Estos movimientos también exhortan a los países miembros de la OEA «a que se mantenga firmes frente a las maquinarias mediáticas, informáticas, psicológicas y financieras de la región, que pretenden continuar desestabilizando los procesos democráticos soberanos de los países de América Latina».
