El gobernador de Chubut, aseguró que no aceptará «ningún tipo de chantaje» para que los legisladores de su provincia no apoyen la ley antidespidos, aunque aclaró que tampoco les dio instrucciones sobre cómo votar en el recinto
«Nuestro senador voto a favor. De nuestros diputados, Taboada votó el dictamen, pero no bajó. De entrada, para quedar bien con la gente, digo que estoy a favor de la ley antidespidos. En su momento la voté pero no sé si sirvió de mucho», recordó Das Neves en diálogo con radio Vorterix. Consideró que «es un freno», pero que no está «seguro de que soluciona el tema de fondo». «El problema de fondo es que estamos estancados», afirmó.
Consultado sobre si el voto de los legisladores chubutenses está atado a la reunión que el miércoles mantendrán los gobernadores con el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, en la que discutirán el esquema de coparticipación, Das Neves aseguró que «no aceptamos ningún tipo de chantaje, ni de este Presidente ni de ninguno».
De todos modos, el mandatario aclaró que con Frigerio «tenemos un contacto desde el primer día y la relación ha sido excelente, es una persona que cumple».
Respecto a la reunión del miércoles de los gobernadores y el ministro, la cual se llevará a cabo en Córdoba, Das Neves dijo que se está negociando «cómo va a ser la devolución» pero que «no podemos destruir la ANSeS». Confió en que el encuentro llegue a buen puerto.
La administración de Mauricio Macri apuesta a firmar con un ramillete de gobernadores el acuerdo por la devolución del 15 % de la coparticipación antes de la megacumbre del miércoles en Córdoba, que sentará en la misma mesa a todos los mandatarios y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
La gestión macrista busca así llegar con mayor fortaleza al cónclave en tierra cordobesa en el que se Frigerio oficializará la propuesta marco con la que intenta encontrar una «salida política» al previsible reclamo de los distritos, que buscan beneficiarse con el fin de esa detracción como ya ocurre con Santa Fe, San Luis y Córdoba, tras un fallo en ese sentido de la Corte nacional de noviembre pasado.
En la previa a esa reunión clave, se desarrollaría hoy un encuentro de ministros de Economía provinciales para analizar el escenario, que aún genera dudas, suspicacias y resquemores en algunos distritos.
«El día anterior irán los ministros de Economía de las provincias y nosotros estamos deseosos de que el resultado sea positivo y que lo podamos llevar adelante», afirmó en las últimas horas la fueguina Rosana Bertone (Frente para la Victoria).
La negociación se ve cruzada por los esfuerzos del Gobierno de Macri en pos de hacer trastabillar el proyecto de ley contra los despidos que fogonea el peronismo, y que será discutido el mismo miércoles en la Cámara de Diputados nacional.
En esa línea, un acuerdo tentador en materia de recursos con una provincia peronista mejoraría la relación de fuerzas en la Cámara Baja para plasmar los planes del macrismo.
Por de pronto, y tal como lo informó Ámbito Nacional el pasado jueves, el Gobierno de Macri retocó la oferta inicial de devolución del tijeretazo del 15 % y ahora la propuesta contempla el otorgamiento este año de 9 de esos puntos: el 3 % «cash» y un 6 % bajo el formato de un préstamo.
Se trata de una mejora porcentual de 3 puntos en lo que respecta a 2016 en relación con la última oferta (que estipulaba el 3 % en efectivo y un 3 % en un título financiero).
De esta forma ahora se les ofrece a los mandatarios para este año otorgar un préstamo (a tasa subsidiada) del 6 % del total en juego, a devolver en cuatro años y «una vez que ya hayan recuperado todo el 15 %, para que no les sea difícil pagarlo».
Son los ejes centrales del acuerdo «marco» -igual para todas las provincias- que impulsa la Casa Rosada, aunque luego la rúbrica será bilateral, en función de las particularidades de cada distrito (por caso, si habrá compensación por deudas cruzadas, o si los fondos irán al financiamiento de obras).
Para aquellos mandatarios que no acepten arribar a un acuerdo les quedará la vía judicial. Una estrategia que sin embargo sí seguirá el grueso de las provincias, para reclamar lo que ya le recortaron en este rubro desde 1992.
