La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, rechazó este sábado la legitimidad del proceso de destitución al que se enfrenta y sugirió que, si se quiere «juzgar» su gobierno, que el juez sea el pueblo por medio de elecciones, mientras se prepara la que será su residencia oficial si es apartada del cargo, el Palacio de Alvorada, donde la mandataria montará una suerte de gobierno paralelo ya que no reconoce y no transmitirá el mando a su vice, Michel Temer, a quien califica de «golpista».
«Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment. Solo quien tiene la legitimidad del voto, puede juzgar», dijo Rousseff durante la ceremonia de inauguración de un centro de investigación agrícola de la empresa estatal Embrapa en Palmas, capital de Tocantins (norte).
Esta es la primera vez que Rousseff sugiere en público la celebración de elecciones, que los movimientos sociales y el propio oficialista Partido de los Trabajadores (PT) e incluso el opositor Partido Solidaridad (PSOL) consideran la única forma de salir de la crisis política que vive Brasil, que puede llegar a profundizarse bajo el gobierno de Temer.
Rousseff reiteró que su destitución es un «golpe» de Estado, porque «no tiene base legal» y porque ella «ni siquiera» participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición.
La denuncia para el impeachment en su contra se basa en maniobras contables, supuestamente irregulares, realizadas en los últimos años y que han sido comunes en los gobiernos de los últimos presidentes brasileños.
Asimismo, acusó a la oposición de tratar de llegar al poder para «acabar» o reducir los programas sociales que ha impulsado su gobierno.
Rousseff también reiteró que va a «resistir hasta el fin», por lo que no renunciará aunque el Senado decida en los próximos días iniciar el juicio político, para lo que sería necesaria la mayoría simple de los 81 senadores.
La votación crucial se celebrará previsiblemente el próximo miércoles en el pleno de la Cámara alta, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente.
Si los senadores aprueban el inicio del juicio político, Rousseff se verá obligada a apartarse del cargo hasta que se culmine el proceso, que puede alargarse por un máximo de 180 días.
Durante ese período Temer asumiría la Presidencia de forma temporal y, si el Senado se inclina por la destitución, completará el mandato de Rousseff que termina el 1 de enero de 2019.
Según trascendidos, Rousseff planea dejar el Palacio del Planalto por la rampa principal, donde la aguardarán un grupo de mujeres del Partido de los Trabajadores (PT) y movimientos sociales.
Por lo pronto, no está confirmado que el ex presidente Luiz Inácio Lula acompañe a su correligionaria. El líder del PT y mentor de Dilma se ha recluido en su casa desde la semana pasada debido a una fuerte afonía que le impidió participar del acto del 1 de mayo en el que habló Rousseff.
Con el hasta ahora no confirmado descenso por la rampa del Palacio del Planalto, la presidenta pretende demostrar que se va por la «puerta grande», como comentaron sus asesores y sin realizar la transmisión de mando al vicepresidente Michel Temer.
El viernes último, durante uno de los últimos eventos encabezados en el Planalto la mandataria se refirió al futuro presidente interino como un «usurpador del poder» y un «golpista».
La casi segura salida de Rousseff y la abrupta caída del jefe de Diputados, Eduardo Cunha, enmarcan los próximos capítulos de esta crisis que puede prolongarse durante un posible gobierno interino de Temer.
El vicepresidente Temer, alto dirigentes del ahora opositor Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) como Eduardo Cunha, asumiría la primera magistratura con un gabinete nuevo, cuya formación continuaba negociándose este sábado en medio de disputas entre partidos del arco opositor.
Hay varios nombres en danza para integrar el nuevo equipo de gobierno. El ex ejecutivo del Banco de Boston, Henrique Meirelles, se perfila como titular del Ministerio de Hacienda.
También se baraja al senador José Serra, ex candidato presidencial en 2002 y 2010, como posible ministro de Relaciones Exteriores, pero su designación no es segura debido a una serie de tironeos políticos.
Más allá de las especulaciones sobre la composición del próximo gobierno, lo cierto es que Temer tendrá que enfrentar varios nubarrones para garantizar la gobernabilidad de la mayor potencia latinoamericana sacudida por problemas políticos y económicos como la recesión que amenaza trepar al 4 por ciento este año.
El primero de esos problemas es que hasta el momento Temer no obtuvo un respaldo integral del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza opositora, liderado por el ex candidato presidencial Aécio Neves.
El segundo tema que puede jaquear la gobernabilidad de la nueva administración es la tensión surgida a partir de la caída del influyente Eduardo Cunha, que ha sido un aliado importante de Temer.
Cunha fue el actor clave para que Diputados apruebe por amplia mayoría el impeachment contra Rousseff y es considerado el líder de un grupo de 200 congresistas de varios partidos que le son incondicionales.
Según trascendió Cunha hizo saber a Temer que la alianza de ambos puede saltar por los aires, si el futuro presidente no le tiende una mano. Imputado por el Supremo Tribunal Federal en el «Petrolao» y otros delitos, el senador «envió mensajes» cifrados a Temer, según reveló la periodista Renata Lo Prete de la cadena Globo.
«En Brasilia se rumorea» que Cunha amenazó a Temer con el argumento de que si fuera preso por el Petrolao es «capaz de hablar» de asuntos que pueden comprometer a miembros del futuro gobierno interino, comentó la periodista.
En ese marco, la Procuraduría General de Brasil (Fiscalía) denunció ante el Tribunal Supremo a la ex ministra y actual importante senadora del PT, Gleisi Hoffmann, y a su marido, Paulo Bernardo Silva, que fue titular de la cartera de Comunicaciones y de Planificación.
