La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía sancionada por el parlamento de Venezuela y las dilaciones impuestas por la autoridad electoral al trámite del referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro provocaron un aumento de la tensión entre el chavismo y la oposición, que rechazó integrar una «Comisión de la Verdad» creada por el gobierno.
«Nosotros no vamos a asistir a la reunión, fuimos invitados por la televisión, no es serio con el país», afirmó el jefe de la bancada de Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora y mayoritaria en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Julio Borges.
El legislador agregó que la cúpula de la MUD pidió una entrevista con el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, para que «sea él quien explique de qué se trata este llamamiento que hace el gobierno justo el día en que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anula la Ley de Amnistía».
Maduro instaló en el palacio presidencial de Miraflores la Comisión de la Verdad, la Justicia y Reparación de las Víctimas con el objeto de investigar lo sucedido en las protestas callejeras cotidianas registradas entre febrero y junio de 2014, que dejaron 42 muertos, 873 heridos y 189 denuncias de violación de derechos humanos, según datos oficiales.
El gobierno aspira a que la Comisión, que funcionará dirigida por el vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, se convierta en «instrumento para buscar los caminos del respeto al derecho, a la vida, a la democracia y a los caminos de la paz», dijo Maduro.
Al acto asistió Samper, quien afirmó que el organismo «acogió con entusiasmo» la iniciativa, que no debe ser «un escenario para el revanchismo», y reveló que «acompañarán» el trabajo de la Comisión los ex presidentes español José Luis Rodríguez Zapatero, dominicano Leonel Fernández y panameño Martín Torrijos.
La ceremonia tuvo lugar en medio de la tensión creciente provocada por el TSJ, que por unanimidad de sus miembros declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación sancionada el 30 de marzo pasado por la Asamblea y con que la MUD aspira a sacar de la cárcel a 76 opositores presos y beneficiar a otro centenar.
El viernes pasado, al remitir la norma a la Sala Constitucional del TSJ, Maduro afirmó ante miles de simpatizantes chavistas que se trata de «una ley para la guerra, el odio y el autoperdón de los golpistas», la calificó como «ley de amnesia criminal» y pidió al tribunal que la declarara «inconstitucional».
La decisión del TSJ fue cuestionada tanto por la oposición venezolana como por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
«La gran mayoría de los venezolanos sentimos vergüenza por el TSJ; hoy, más que nunca, lograr la amnistía depende del revocatorio», afirmó el gobernador del Estado Miranda y ex candidato presidencial golpista Henrique Capriles.
«Alerta, dictadura en Venezuela declara inconstitucional Ley de Amnistía; ha quedado claro para dónde van y lo que tenemos que hacer para evitarlo», escribió la golpista ex diputada María Corina Machado en su cuenta de Twitter.
«Estamos muy decepcionados por la decisión del TSJ, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno venezolano nos solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que en general estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos», dijo la vocera del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, en conferencia de prensa en Ginebra, Suiza.
«Estamos muy sorprendidos con la decisión y esperemos que no sea el final del camino porque, realmente, esta ley podía haber sido la base para el diálogo y la reconciliación en Venezuela», agregó la funcionaria.
En ese contexto, el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) el primer conjunto de firmas de ciudadanos necesario para iniciar el trámite del llamado a un referendo revocatorio del mandato de Maduro.
De este modo, la MUD espera que el CNE le dé pronto los formularios para reunir las cerca de 192.000 firmas (equivalente a uno por ciento del padrón) necesarias para iniciar formalmente el proceso, que luego requerirá casi cuatro millones de firmas (20 por ciento del padrón) para convocar la consulta.
«Suena a chiste malo que el CNE nos pida buscar firmas para buscar firmar para buscar más firmas, pero lo estamos haciendo», afirmó Torrealba, quien sostuvo que «ya se acabaron los pretextos» del organismo y subrayó que la crisis del país «se puede resolver con los votos y no con la sangre de los venezolanos».