La oposición brasileña reveló este lunes que articula con el vicepresidente Michel Temer un gobierno de transición para el caso de una caída de Rousseff, quien convocó a su gabinete para trazar estrategias ante el juicio político que se tramita contra ella.
A la vez, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva llevaba adelante una batalla en el Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema) para suspender la nulidad de su nombramiento como jefe del gabinete de ministros.
Paralelamente, el ex mandatario se dedicaba informalmente a la negociación política para evitar que aliados se pasen a la oposición y voten a favor del juicio político a Rousseff.
La oposición hizo público que prepara un plan de gobierno para acompañar a Temer, según reveló el senador y ex gobernador paulista José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) opositor y candidato presidencial derrotado en 2002 por Lula y en 2010 por Rousseff.
«Con Temer como presidente, se tendría que batallar para un gobierno de unión y reconstrucción nacional, con el compromiso de que él no se presente a la elección de 2018; el PSDB debe ser llamado a ocupar el nuevo gobierno», dijo Serra al diario O Estado de Sao Paulo.
El dirigente se unió a favor del juicio político a Rousseff en línea con el ex presidente socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) pero aclaró que «sería mejor para el país que ella renunciara».
Serra es, junto con el senador Aecio Neves (derrotado por Rousseff en 2010) y el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin (vencido por Lula en 2006), precandidato presidencial del PSDB para 2018.
La negociación de un acuerdo para el caso de la salida de Rousseff debe ocurrir con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), presidido por Temer y al cual pertenecen Eduardo Cunha y Renán Calheiros, respectivamente jefes de la Cámara de Diputados y del Senado.
El eventual gobierno de transición de Temer es apoyado por la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), el mayor conglomerado empresarial de Latinoamérica, que respalda y brinda apoyo logístico a las manifestaciones opositores en la avenida Paulista.
La revelación de la negociación hecha por Serra fue desautorizada por el propio Temer, quien en un comunicado sostuvo que «no tiene portavoz, no discute escenarios políticos para gobiernos futuros y no delegó anuncios de decisiones».
El partido de Temer debe definir la próxima semana si abandona totalmente el gobierno de Rousseff, lo cual abriría para la primera quincena de abril la posibilidad de que el juicio político se vote en la Cámara de Diputados, donde domina el PMDB, que desde 2006 es el principal aliado del PT.
En el Congreso, la Comisión de Juicio Político reinició los trabajos mientras en el edificio de enfrente, en el Palacio del Planalto (sede del Ejecutivo), la presidenta reunió a todos su gabinete para intentar lanzar una estrategia frente al juicio político, que debe avanzar al Senado si es aprobado por los dos tercios del pleno de la cámara baja (172 votos).
Para este martes, la mandataria espera reunir en Brasilia a unos 30 juristas (abogados, fiscales, ex jueces) que rechazan la existencia de delito en el juicio político, abierto por supuesta irregularidad en la Ley de Responsabilidad Fiscal del presupuesto 2015 y una acusación por obstruir la justicia hecha por el senador Delcidio Amaral, acusado de conspirar en el caso Petrobras.
También, según comentó a Télam un portavoz ministerial, el gobierno pretende formar un suerte de Frente por la Legalidad, para robustecer la acusación de Rousseff sobre el «espionaje ilegal» que sufrió por parte del juez Sergio Moro, que investiga el caso Petrobras, y levantó el sumario de la investigación referente a Lula, lo cual causó una conmoción nacional.
Jueces de la máxima corte como Marco Aurelio Mello y Teori Zavascki han fustigado la actuación de Moro frente a las escuchas telefónicas a Rousseff debido a que era un magistrado de primera instancia y debió elevarlo al alto tribunal.
Parte de la negociación política de Rousseff, dijo a Télam un portavoz del Partido de los Trabajadores (PT) gobernante, ya está siendo alimentada por el propio Lula, quien es considerado la última carta de Rousseff para salvar su mandato pero actúa en la «informalidad».
Es que el nombramiento de Lula fue anulado y la causa remitida nuevamente a Moro -que tiene en su mesa un pedido de prisión del ex presidente hecho por la fiscalía de San Pablo- por parte del juez del STF Gilmar Mendes, quien es abierto opositor al gobierno y fue funcionario de la gestión Cardoso (1995-2002).
Ante el `limbo legal´ en el que se encuentra Lula porque la Suprema Corte está de receso por Semana Santa hasta el próximo lunes, unos 200 militantes de movimientos de izquierda hicieron vigilia este lunes por la madrugada frente al edificio donde vive Lula, en Sao Bernardo do Campo, en el Gran San Pablo, para intentar protegerlo de alguna acción del juez Moro.
«Estamos acá porque parte del Poder Judicial está contaminado y connivente con la oposición», dijo el diputado Vicentinho, del PT y amigo de Lula hace cuatro décadas.
El 4 de marzo pasado, por orden del juez federal Moro, Lula y su familia fueron llevados por la fuerza a declarar, una acción que levantó una ola de repudio en las calles por parte de los movimientos sociales y originó un pedido de prisión por ocultar patrimonio hecho por un fiscal de San Pablo.
