Se frenó el proyecto de la central nuclear. Los contratistas se lo comunicaron a los empleados. En el Sur crece el conflicto de la usina de Río Turbio.
Por la parálisis de la obra pública, miles de empleados de las centrales nucleares de Atucha, en Zárate, perciben desde hace dos meses la mitad de su salario. Los coletazos de la crisis tuvieron otra réplica: las cinco empresas contratistas a cargo de la planta informaron al personal un plan de ajuste, que contempla dar de baja el proyecto de avanzar con Atucha III y un recorte de personal que se efectivizará a fin de mes con la salida de 1.800 obreros.
En su afán de revisar los contratos de las obras que asignó la gestión kirchnerista, el Gobierno aún no dio señales certeras sobre cuál será el futuro de grandes proyectos, como Atucha III o las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz, que también están virtualmente paralizadas. Ambas iniciativas forman parte del acuerdo comercial que trazó en 2015 Cristina Kirchner con China y que ahora está bajo revisión del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
Por el conflicto en Atucha, el gremio de los obreros de la Uocra cortó la ruta N° 9 y amenaza con extender las protestas. La Uocra perderá a fin de mes a 1.200 afiliados, pero podrían ser muchos más cuando se confirme la baja de Atucha III. El viernes pasado, las empresas Vialco SA y Masoero y Asociados ya habían despedido a 600 personas afiliadas a la Unión de Empleados de la Construcción (Uecara), otro de los gremios con influencia en las centrales. Por el caso de Uecara ya intervino el Ministerio de Trabajo de la Nación.
«Las empresas constructoras que tienen a su cargo las obras de Atucha anunciaron 1.200 despidos a fin de mes como consecuencia de la falta de pago de las certificaciones de obra por parte del gobierno nacional», informaron desde la Uocra, que lidera Gerardo Martínez.
No es el único frente de conflicto que mantiene la Uocra. En Santa Cruz recrudeció la protesta por la paralización de las obras de la central termoeléctrica de Río Turbio, donde ya se perdieron 700 puestos de trabajo y se comunicaron otros 220 despidos. Aquí, la empresa contratista Isolux denunció que dejó de percibir los fondos del Estado.
Por este conflicto, hubo cortes de rutas en Santa Cruz y se bloquearon los cruces fronterizos a Chile. Los activistas de la Uocra lograron el apoyo y la adhesión de los camioneros de Hugo Moyano.
«En Río Turbio falta el 10 por ciento para terminar la obra. Hay gente que hace dos meses y medio que no le pagan. No sabemos qué decisión va a tomar el Gobierno con la mina», dijo Carlos Moreno, el representante de la Uocra que envió Martínez al Sur.
Hace dos semanas, el subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Ricardo Delgado, reconoció los «atrasos en certificados de obra» y prometió que la situación se regularizaría en abril.
En el contexto de los despidos, la construcción es por lejos el sector más perjudicado. Si bien la conducción nacional de la Uocra denunció la pérdida de entre 25.000 y 30.000 puestos de trabajo entre diciembre y marzo, el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma contabilizó las situaciones denunciadas a nivel local por las seccionales del gremio y las cámaras empresariales, por lo que el número sería ligeramente menor. La situación no tiene visos de repuntar hasta que no surjan señales concretas para reactivar la obra pública.
