San Luis (LaNoticia) 07-03-16. Que jueces de la Provincia utilicen un medio de comunicación para `denunciar´ a abogados es de una gravedad extrema. Aunque no lo creas, ocurrió en San Luis.
Walter Ferreira y Jorge Barroso están acusados de haber participado en el asesinato del entonces jefe del Programa HIV SIDA de la provincia de San Luis, Antonio Ferrara, ocurrido en 2011. Barroso espera el juicio oral en libertad, mientras Ferreira está con prisión preventiva desde hace cinco años. Esta situación llevó a su madre a encadenarse en el edificio del Poder Judicial y al mismo Ferreira a realizar una huelga de hambre en prisión por el gran tiempo transcurrido en prisión preventiva.
El jueves pasado, se inició el juicio oral y público en la Cámara del Crimen Nº 1, y la defensa de Ferreira, el abogado Guillermo David Levingston presentó un escrito recusando a los miembros de la Cámara. Por esto, el juicio sufrió una nueva suspensión y obviamente, un retardo que genera más espera en prisión, sin condena firme, a Ferreira. Esto es lo ocurrido, pero fue el detonante para un hecho gravísimo que alguien deberá investigar judicialmente para saber si el presidente de la Cámara Nº 1, José Luis Flores cometió algún tipo de delito o no, al utilizar un medio de prensa para “denunciar” a abogados, algo que debó hacer en la mismísima justicia que él integra.
Los hechos en cuestión
El diario de la familia gobernante, publicó en la semana pasada, declaraciones que le imputan al camarista Flores.
En dichas declaraciones, Flores dijo -según el diario- textualmente que “¿Sabe cómo se llama esto? Coacción agravada, que es una figura penal que indica que aquel ciudadano o persona que haya tomado una actitud amenazante contra cualquier autoridad de la República para que haga o no haga según su función puede ser castigado con hasta diez años de prisión. Estamos al borde de que encontremos esa circunstancia en esta causa ¿por qué? porque se está impidiendo que nosotros ejerzamos la función que nos compete”.
José Luis Flores, no es un ciudadano común, es el mismísimo presidente de una Cámara Penal, quien tiene a su cargo privar de la libertad a las personas que juzga. En esa condición hizo las declaraciones publicadas en el diario. Y para colmo, Flores no utiliza el potencial “sería coacción agravada”, sino que directamente asegura que Levingston cometió ese delito. Es decir, si Flores cree que el abogado cometió algún tipo de delito, debió concurrir directamente a una Fiscalía a hacer la denuncia correspondiente.
Por otra parte, hasta el momento, una vez hecha pública la denuncia de un camarista, no se conoce que el Agente Fiscal de turno -por la fecha debería haber sido Ernesto Lútens- haya tomado la denuncia de oficio, para investigar tan grave denuncia de coacción agravada, nada más ni nada menos que contra Camaristas. ¿Acaso Lútens no lee el diario de la familia?
Flaco, y vos ¿Qué buscás?
Más allá de la gravísima situación que involucra a Flores por sus propias declaraciones mediáticas, llama la atención que alguien que tiene una larga trayectoria como juez `caiga´ en este tipo de hechos. Sabido es que cualquier juicio de valor que haga un juez sobre una causa, puede ser motivo de recusación, puesto que adelanta opinión. Un juez no puede salir por los medios a señalar que a alguien que está juzgando, para él es culpable, sin correr el peligro de ser recusado. Y ahí está la cuestión. Flores no es un improvisado, como para decirle a la prensa algo que le pueda caer en contra en una recusación, porque emitió un juicio de valor sobre el abogado de un procesado que él tiene que juzgar. Entonces, la pregunta del millón sería: José Luis Flores, presidente de la Cámara del Crimen Nº 1, efectuó esas cuestionables declaraciones ¿Para poder ser recusado con causa y de esa forma `desprenderse´ de un juicio caliente?
Carlos Rubén Capella
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