El abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos en México en septiembre de 2014, Vidulfo Rosales, aseguró que los integrantes del grupo siguen haciendo gestiones para poder entrevistarse en la capital del país con el Papa Francisco.
El abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos en México en septiembre de 2014, Vidulfo Rosales, aseguró que los integrantes del grupo siguen haciendo gestiones para poder entrevistarse en la capital del país con el Papa Francisco aunque sea de manera informal, y denunció que ese encuentro por ahora se ha frustrado por decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El letrado admitió que los organizadores de la visita papal, que comienza el sábado, anunciaron que los padres de Ayotzinapa -ciudad de la que provenían los estudiantes- tendrán a disposición «dos o tres lugares en primera fila» en la misa de despedida que oficiará el Papa en Ciudad Juárez, en el norte de México, el 17 de este mes.
«El grupo de padres no funciona así; si van a algún encuentro, van todos, y sería demasiado caro desplazar a todos los padres hasta Ciudad Juárez. Por eso seguimos trabajando para lograr entrar en la agenda informal del Papa, a ver si lo podemos ver aunque sea brevemente en el Distrito Federal», explicó.
Rosales afirmó que el grupo no pudo lograr hasta ahora una reunión con el pontífice por la acción desarrollada por el gobierno de Peña Nieto, que «se ha empeñado en invisibilizar a Ayotzinapa porque este episodio representa la represión y simboliza la desaparición forzada de personas que hoy hay en el país».
La noche del 26 de septiembre de 2014 la Policía de Iguala disparó contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el sureño estado Guerrero, que se habían apoderado de varios ómnibus para desplazarse a una manifestación en México.
En la acción hubo seis muertos, una veintena de heridos y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y trasladados a un basural de la población de Cocula, donde presuntos miembros del cártel Guerreros Unidos los asesinaron y los incineraron, según la versión oficial.
Esa misma versión, que el gobierno calificó de «verdad histórica» y que es rechazada por los padres de las víctimas, indica que los policías eran cómplices de un grupo del crimen organizado al que entregaron a los jóvenes.
El pasado 27 de enero la organización civil internacional Human Rights Watch situó en 25.500 el número de personas desaparecidas en México y consideró que el gobierno de Peña Nieto hizo «poco progreso» en la defensa de los derechos humanos.
