Aunque pueda resultar sorprendente, la Justicia de Instrucción Penal N° 1 de esta Ciudad está dando pasos para intentar esclarecer hechos presuntamente delictivos y que comprometen seriamente a los Sres. MINISTRIOS de ese Alto Cuerpo DRES. OMAR ESTEBAN URIA, HORACIO GUILLERMO ZAVALA RODRIGUEZ, FLORENCIO DAMIAN RUBIO, OSCAR EDUARDO GATICA, y muy especialmente a la DRA. LILIA ANA NOVILLO (hoy renunciada para desarrollar tareas políticas en su momento en favor del Partido Oficialista en el Gobierno).
En el Juzgado Penal N° 1 de esta Ciudad tramita la causa que este periodista iniciara en el año 2012 y que se caratula “QUIROGA FRANCISCO DANIEL- SU DENUNCIA- PEX 126356/12”, en que se denunciaran gravísimas irregularidades en el empleo del sistema de Contrataciones Directas, que es un mecanismo ciertamente muy excepcional, como lo ordenaba la normativa provincial al respecto, pero que sin embargo el Superior Tribunal de San Luis desde el año 2010 hasta el presente año 2015 ha venido utilizando y lo sigue haciendo -en lo que hace a las contrataciones directas-, convirtiendo o mutando este mecanismo excepcional en un uso habitual y normal.
La denuncia central versa en clarísimo y muy ostensibles direccionamientos del sector de Compras de Materiales e Insumos de Trabajo hacia la Empresa local denominada “CORADIR S.R.L”, que tuviera su asiento primero en calle San Martin antes de Ayacucho y luego en Rivadavia entre Ayacucho y Belgrano de esta Ciudad, sobre todo durante el año 2011 en que desempeñaba el cargo de Presidenta del Superior Tribunal de Justicia la Dra. LILIA ANA NOVILLO, madre del VICEPRESIDENTE en ese entonces de la firma CORADIR S.R.L, el Sr. JUAN MANUEL BARETTO, adjuntándose a la causa un cumulo de material probatorio que tienen por acreditado severamente en el grado de semi plena prueba la responsabilidad administrativa y penal de la nombrada en esas Contrataciones Directas.
También debe investigarse la intervención del Sr. Miguel Ángel Bernardon, titular del comercio denominado “LC Computación”, que curiosamente tiene el mismo e idéntico domicilio comercial -en calle San Martin- que tuviera la empresa CORADIR S.R.L inmediatamente antes de mudarse a la Peatonal Vía Rivadavia; porque precisamente a LC COMPUTACION SE LE ADQUIRIERON CAMARAS DE SEGURIDAD EN SU CENTRO DE MONITOREO en el año 2011 por un valor superior a los CINCO MILLONES DE PESOS, precisamente en un Local que ante la AFIP está declarado como monotributista y de ingresos anuales mínimos y de todo ello surge la absoluta incapacidad de celebrar una operación de esa envergadura.
Pero la “rareza” de este comercio denominado LC Computación es que, a pesar de las denuncias formuladas, el Superior Tribunal ha seguido manteniendo relaciones comerciales con esta firma como si nada pasara, y es más aun, con la implementación reciente del Sistema Informático IURIX para su complementación en la utilización debía apelarse a la compra de un aparato informático denomino Token que debía comprarse en ese mismo lugar y que era sugerido por el Superior Tribunal que se adquiriera en ese negocio ya mencionado, por lo que insisto en que todo es “demasiado raro”.
Pero además, también debe investigarse exhaustivamente, si estas operaciones fueron rendidas y comunicadas a la AFIP Delegación San Luis y si la dirección contable del Superior Tribunal efectuó las respectivas y si la dirección contable del Superior Tribunal efectuó las respectivas retenciones para el pago del impuesto a las Ganancias a la Repartición Nacional como así de Ingresos Brutos para rendir a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos de San Luis, ya que todo esto debe quedar absolutamente verificado en su cumplimiento, y si así no ha ocurrido, entonces ya estamos en un problema de verdadera crisis institucional por conductas definitivamente delictivas de gravedad inusitada.
A pesar del tiempo transcurrido, entiendo, como saludable para la salud Republicana de esta Provincia, que la causa ha empezado a tomar visos de tramitación normal al punto que todos los Sres. Ministros del Superior Tribunal que se han mencionado en sus nombres y apellidos han designado un letrado defensor que los represente en la causa, y por lo que tengo entendido este profesional (conocido penalista local) ya ha aceptado y jurado el cargo correspondiente.
En mi opinión y en razón de que en estos últimos días estoy asistiendo a la comunicación de diversas Auditorías realizadas a nivel de Poder Ejecutivo Provincial -lo que está muy bien-, anhelo que esta misma metodología de control se aplique en el Poder Judicial de San Luis desde el año 2010 en adelante.
Que atento lo expresado por la flamante titular de la Oficina Nacional de Anticorrupción, Lic. Laura Alonso de investigar todo nicho de corrupción en el país (y que el Diario de la Republica de la Ciudad de San Luis en su ejemplar del día 12/12/2015- pág. 19) toma tal afirmación bajo el título “Alonso promete investigar nichos de corrupción”, este presentante de la denuncia realizada solicitará una audiencia a dicha funcionaria para ponerla en pleno conocimiento de lo acontecido en el Poder Judicial de San Luis y sobre todo atendiendo a que la misma Sr. Alonso en el programa Nacional denominado los “Leuco” de TN en fecha 15/12/2015 afirmo que solicitará la colaboración de todos los gobernadores provinciales para desarrollar plenamente la lucha contra la corrupción en la Administración Pública, y poner en funcionamiento con todo vigor la Ley de Ética Pública.