San Luis (LaNoticia) 04-12-15. Según los gendarmes el joven se suicidó. Su madre no cree esa versión, cree que lo asesinaron.
Debido a hechos nuevos que se han aportado, el representante legal de Mónica Campoy, pidió al juez federal de Mendoza, Walter Bento, que “procese a los dos gendarmes”, dijo Campoy en el programa radial La Mañana a Capella que se emite por FM Municipal de San Luis.
Campoy sospecha que a su hijo Andrés (20) lo asesinó el gendarme Maximiliano Alfonso cuando vio una carabina de colección que “llevaba mi hijo en su auto. A Alfonso le gustó el rifle y lo quiso y como mi hijo no se lo quiso dar porque era de su abuelo, Alfonso lo mató”. Campoy se asienta en la pericia psicológica que se le hizo al gendarme y que está incorporado al expediente.
Asimismo, expresó que la autopsia psicológica que se hizo sobre su hijo, entrevistando “a muchas personas de su entorno, demostró que Andrés no tenía tendencia al suicidio, lo que indica que lo asesinaron”.
Por otra parte, llamó a la gente a colaborar en la difusión de toda nota periodística que vean sobre el caso de su hijo, que la compartan a todos sus contactos en las redes sociales y que, especialmente en Facebook, lo compartan en el muro de su hermana Claudia Campoy, al que pueden llegar haciendo clic acá.
En contexto
Andrés García Campoy (20) iba en su vehículo Peugeot 504 cuando fue detenido por un control de Gendarmería en la ruta 7, a la altura de la destilería de YPF. El joven se detuvo, mostró los papeles del auto, que estaban en regla, le hicieron abrir el baúl y todo estaba en orden. Según declararon inicialmente dos gendarmes, luego Andrés abrió la puerta trasera de su auto, tomó un arma (después se sabría que era una carabina modelo 1890) y después de proferir un grito como “…mirá lo que tengo para vos, mientras tiraba un tiro al aire” -según contaron los testigos de esa tarde- se disparó en la cabeza y quedó dentro del auto.
Sin embargo las dudas no se hicieron esperar. Según especialistas en armas, ese tipo de carabina tiene la posibilidad de realizar un disparo por vez, por lo que se hace imposible que el joven haya llevado a cabo esa situación de autoagresión. Por otra parte, el impacto del proyectil dio en la nuca del chico; algo que también despierta suspicacias.
Como consecuencia de ello, el fiscal Jorge Calle imputó a los dos efectivos que estuvieron en el lugar, por homicidio agravado por pertenecer a fuerzas de seguridad. Pero como el hecho involucraba a miembros de Gendarmería Nacional, el expediente debió ser remitido a la Justicia Federal y quedó a cargo de Walter Bento, quien dictó la falta de mérito debido a que, según su criterio, no había suficientes pruebas para inclinar la balanza hacia una u otra hipótesis.
Luego, se incorporó al expediente una necropsia psicológica para saber cómo se encontraba García Campoy los días previos a su muerte y la misma arrojó que en el joven “no se evidenciaban tendencias suicidas”, por lo que resultó clave para la querella. De hecho, Andrés había confirmado su asistencia a un cumpleaños que tendría lugar ese mismo día.
El abogado de la familia de García Campoy también señaló las contradicciones en las que incurrieron los gendarmes. Los efectivos hablaron de “disparos” (en plural) en el lugar del hecho, mientras que durante la indagatoria ambos se desdijeron señalando que “García Campoy percutó el arma y que el disparo no salió, lo que les dio tiempo para escapar. Luego cuando se acercaron se encontraron con la víctima suicidada, quien lo habría hecho mediante la misma bala fallida”, dijeron allegados a la causa.
También cuestionó los dichos de uno de los gendarmes, Alfonso, quien declaró que solicitó apoyo con su Nextel. Sin embargo, la empresa de telefonía negó que desde el aparato se hubiera realizado comunicación alguna. A esto se suma que tanto las versiones de los dos gendarmes imputados como de sus tres colegas que llegaron poco después del hecho son prácticamente “idénticas” lo que hace suponer que fueron planeadas.
El juez Bento ahora deberá resolver si hace lugar al pedido de la querella. En caso de que la respuesta sea afirmativa, los gendarmes serían procesados por homicidio agravado por ser miembros de una fuerza de seguridad, delito que tiene una pena de prisión perpetua.
Carlos Rubén Capella
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