San Luis (LaNoticia) 07-10-15. «Los olvidos, los silencios de la historia son reveladores de los mecanismos de manipulación de la memoria colectiva». (Le Goff, 1991).
Hay una intención de olvido en la propuesta aprobada en el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, que pretende imponer el nombre de un ex Intendente al Centro Cultural Municipal. Porque omitir que el ex funcionario participó en la conocida Carta a Massera, acusando a ciudadanos de San Luis y requiriendo “de nuestras autoridades, la investigación exhaustiva y en su caso el castigo ejemplar, de eventuales negociaciones realizadas en perjuicio del Estado y vinculadas a organizaciones subversivas”.
Reconocer a un miembro de la Junta Genocida, inconstitucional e ilegítima, en 1978 como autoridad de un país devastado por los secuestros, desapariciones, torturas y asesinatos, representaba reconocer al Terrorismo de Estado como representante de sus propios valores.
Señalar como subversivos a conciudadanos implicó, en muchos casos, una condena a muerte. Uno de los mencionados en aquella carta fue el militante y ministro de Gobierno del gobierno constitucional de Elías Adre, Julio Everto Suarez, que fue asesinado por la Dictadura Cívico Militar en 1979.
Solicitar castigo ejemplar al más perverso y siniestro de los jefes militares, es avalar la metodología de represión implementada contra toda organización popular que obstaculizara la consolidación de los planes económicos, políticos, culturales y mediáticos de los dictadores.
Es indispensable que la sociedad conozca los hechos tal cual sucedieron, quienes participaron y que pueda analizar el papel de la violencia del Estado, cuyos efectos y consecuencias aún mantienen heridas abiertas en nuestro pueblo.
El ex funcionario de la democracia, José Rafael Dopazo fue parte de aquel texto que aún hoy pugna por ser investigado, analizado y juzgado; la historia del propio pueblo debe colocar en su justo lugar a la Carta y a sus firmantes. No es precisamente, en el lugar del homenaje. Sería una afrenta para los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado, para con los sobrevivientes y para el pueblo.
Los funcionarios legislativos, elegidos democráticamente, deben asumir la responsabilidad histórica de contribuir a la Memoria Colectiva con compromiso por el pasado y reconociendo a quienes con absoluta certeza construyeron la Democracia.