La Junta Electoral de Tucumán proclamará hoy como gobernador electo de la provincia al candidato del Frente para la Victoria Juan Manzur, luego de que la Corte Suprema tucumana diera por válidos los comicios de agosto, decisión que fue reconocida por el candidato del opositor Acuerdo por el Bicentenario, José Cano, quien no obstante anunció que recurrirá al máximo tribunal nacional.
Durante la madrugada del lunes se conoció que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó el fallo de la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa que había resuelto anular los comicios provinciales del 23 de agosto pasado y confirmó los resultados que consagraron como futuro gobernador al candidato del Frente para la Victoria, Juan Manzur.
De esta manera, el fallo, que fue dictado por unanimidad (dos votos en disidencia parcial) por los dos jueces que integran el tribunal superior y los tres camaristas civiles convocados fruto de la ausencia y excusaciones del resto de los jueces supremos, ratificó los resultados del escrutinio definitivo conocido la semana pasada que arrojó que la fórmula encabezada por Manzur se impuso por el 11,7 por cientos de los votos.
En rigor, la sentencia habilitó a que se reactivaran los procedimientos previstos por la Junta Electoral provincial tendientes a notificar a todas las fuerzas políticas el resultado definitivo de las elecciones del 23 de agosto, para que, si no hay observaciones, proceder a proclamar a las autoridades electas que asumirán luego del 28 de octubre, fecha en la que vence el mandato del actual mandatario, José Alperovich.
El vocal de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Posse, dijo que el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de esa provincia «era arbitrario y carecía de elementos probatorios» y explicó que «no abordaba cuestiones fácticas, ni jurídicas», por lo que la Corte consideró que «las 50 urnas en las que efectivamente ocurrieron hechos complejos», a los que denominó «delitos electorales», fueron «episodios aislados que no justificaban anular una elección de más de un millón de tucumanos».
«Se ha revocado la sentencia que declaró la nulidad de las elecciones y queda sin efecto la cautelar, con lo cual la Junta puede continuar con los pasos siguientes que habían quedado detenidos del escrutinio definitivo», explicó ayer en distintos medios el titular de la Junta Electoral Darío Almaraz.
Al respecto, el funcionario confirmó que durante el mediodía del lunes se giraron las notificaciones a todos los partidos y estimó que hoy después por la tarde, una vez vencido el plazo estipulado de 24 horas, «se podrá proceder a la designación de las nuevas autoridades».
La decisión de la Corte provincial provocó importantes repercusiones en los sectores políticos involucrados en la definición de las nuevas autoridades de Tucumán, comenzando por Manzur, quien consideró que el tribunal provincial «hizo Justicia», durante su visita a la plaza Yrigoyen, donde agradeció a los militantes del FpV que acamparon en reclamo de que se reconociera el escrutinio definitivo.
Desde el Ejecutivo nacional, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández consideró que luego del dictamen conocido en la noche del domingo «el tema está terminado», y evaluó que la oposición «seguramente va a buscar alguna apelación, pero no tiene ningún sentido, porque nadie va a aceptar este desaguisado tan enorme», al tiempo que mostró sus «serias dudas que la Corte Suprema de la Nación acepte el caso».
Sin embargo, el candidato a gobernador de Acuerdo por el Bicentenario, José Cano, e impulsor de la denuncia por la que la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló inicialmente las elecciones, adoptó una posición vacilante al respecto ya que aseguró que respetará el fallo pero dejó la puerta abierta a nuevas presentaciones judiciales.
«Nos queda la instancia de hacer uso de la reserva del caso federal, primero ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia que tiene que habilitarlo, y de lo contrario, ir y plantear el caso en la Corte (nacional)», indicó en alusión a que al haber un fallo por parte del tribunal superior local, es ese organismo el que debe autorizar que la cuestión de fondos sea girada al máximo tribunal de la Nación.
