San Luis (LaNoticia) 02-09-15. La increíble actitud del titular del Juzgado de Instrucción Nº 1, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi, de mostrar una supuesta condena, a todas luces, prescripta contra el candidato opositor a Gobernador, José Riccardo; mientras tiene en su despacho bien cajoneadas denuncias graves de miembros del oficialismo provincial, llevó al dirigente villamercedino Ricardo André Bazla a preguntarse si “¿No será que este buen señor tiene firmada la renuncia anticipada?”.
Las declaraciones de Bazla fueron realizadas al programa La Mañana a Capella que se emite por la 87.9 MHz de la ciudad capital y la pregunta tiene obvia relación al escándalo judicial de 2005 donde se comprobó que una docena de magistrados judiciales de San Luis habían renunciado de manera anticipada y con fecha en blanco; y que fueron tomadas por el entonces viceministro de la Legalidad, Mario Zavala, para evitar la intervención federal al Poder Judicial de San Luis. Con el tiempo, se demostró que la jugada de Zavala finalmente evitó esa intervención y que la mayoría de los magistrados `renunciados´, tarde o temprano volvió a vestir los fueros judiciales.
Para Bazla es sospechoso que varios magistrados “tengan fallos similares e irrisorios cuando de oficialistas se trata”, a punto tal que dio como ejemplos “el caso de Mabel Leyes y Lilia Novillo que publicaste hoy (por ayer) en tu sitio La Noticia”, el primero de ellos cuando Leyes se autodonó un terreno siendo intendente de La Calera y que el mismísimo Cadelago Filippi tiene cajoneado; y el de Novillo que la notificó de que tiene una denuncia en su contra, en lugar de llamarla a prestar declaración indagatoria como lo haría con cualquier hijo de cristiano.
Pero como si fuera poco, Bazla también recordó que “más allá que intervino otro magistrado, que esté pendiente la investigación judicial por la millonada de pesos que, en su momento, el gobierno de la provincia le dio a María Angélica Torrontegui en la Intendencia paralela; no es casual”. Y encima agregó “que esté pendiente en Villa Mercedes la indagatoria a Blanca Pereira por el famoso caso de los 2 millones cuando fue intendente; tampoco es casual”.
“Es decir que estamos hablando de cuatro mujeres de muy estrecha confianza de los hermanos Rodríguez Saá”, dijo Bazla con lo que demostró que la (In)Justicia de San Luis tiene una total dependencia del poder político, algo que le está vedado por la Constitución y que, al parecer, a los magistrados poco les importa con tal de seguir teniendo ese sueldo mensual para nada despreciable que, indudablemente, en la actividad privada ni soñando tendrían.
Carlos Rubén Capella
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