La Comisión Nacional de ex Combatientes presentará ante la Justicia Federal de Río Grande documentos a través de los cuales el Ejército -bajo el mando de la última dictadura militar- intentó impedir que se conocieran los relatos de los soldados que años más tarde denunciaron torturas contra las tropas, ordenadas por oficiales y suboficiales.
Acompañados por sus asesores letrados, los denunciantes se presentarán encabezados por el presidente de la comisión, Ernesto Alonso, y llevarán la documentación que intentará probar esos planes de la inteligencia militar para que las «irregularidades» no tomaran estado público.
La causa se inició en 2007 por iniciativa del CECIM platense, que en su condición de querellante solicitará medidas procesales en los más de 70 hechos comprobados para proseguir en el esclarecimiento total de los delitos denunciados.
Los denunciantes piden también que se oficie al Ministerio de Defensa toda la información que surge a partir del decreto 503/2015 firmado por la presidente Cristina Fernández que desclasifica los archivos secretos de la Guerra de Malvinas. La causa está radicada desde 2007, en el Juzgado Federal de Río Grande a cargo de Lilian Herráez.
Allí, entre otras cuestiones, la jueza investiga si hubo asesinatos de soldados, torturas con picanas eléctricas, enterramientos, abandono de persona, muerte por situaciones de hambre famélica y estaqueamientos en medio del conflicto bélico con Gran Bretaña, entre abril y junio de 1982, tras la recuperación argentina de las islas.
