El jefe de ministros, Aníbal Fernández, criticó la decisión de la Cámara Federal porteña, que declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la nueva ley de subrogancias, y advirtió que «se entrometen en lo que pensó el legislador a la hora de hacer la ley».
En otro orden, el jefe de Gabinete rechazó la decisión del juez Claudio Bonadío, quien emitió «órdenes de presentación» para obtener documentación sobre la operatoria de la empresa Hotesur, que lleva implícita una orden de allanamiento con la Policía Metropolitana, y denunció que «sólo faltaría que el juez fuera con los globos del PRO a allanar».
«Se nota que esto está traído de los pelos, que hay una aversión contra Máximo (Kirchner) y la Presidenta”, agregó Fernández, quien afirmó que «nadie dice que no se hagan investigaciones», pero se preguntó por qué durante tantos meses no hizo nada y ahora (se pide la documentación) justo antes de las elecciones».
En cuanto al futuro de la presentación, el funcionario consideró que «no va a pasar nada (…) al final no hay nada nuevo», y cuestionó que «los medios de comunicación supieran de antemano lo que iba a suceder antes que los destinatarios, lo cual es una locura». «Todos somos iguales ante la ley, como cualquier hijo de vecino. Pero si no tenemos posibilidades de actuar frente a una justicia que tenga mesura, criterio y responsabilidad, es preocupante», advirtió Fernández.
En el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, el juez Bonadío pidió un nuevo peritaje contable sobre la empresa Hotesur y sobre las cuentas del empresario Lázaro Báez. Además ordenó un operativo en la inmobiliaria que Máximo Kirchner tiene en Santa Cruz.
