El plenario de comisiones del Senado aprobó un dictamen de mayoría sobre la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que dispone poner en marcha la reforma a partir del 1 de marzo del año próximo, y será debatido en el recinto la semana próxima.
El oficialismo logró el dictamen de mayoría con algunas modificaciones propuestos por la oposición, pero el radicalismo y el peronismo disidente cuestionaron las facultades delegadas a la Procuración General de la Nación y suscribieron dictámenes en minoría.
Luego de una seguidilla de audiencias públicas por las que desfilaron en el último mes la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, juristas y representantes del Poder Judicial, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales firmaron hoy un dictamen de mayoría que pospone la puesta en marcha de la reforma del 1 de septiembre al 1 de marzo de 2016.
El senador por Salta, Rodolfo Urtubey, que preside la comisión bicameral para la implementación del nuevo Código, fue el encargado de leer un informe con los cambios propuestos a los cinco proyectos de ley referidos al funcionamiento del nuevo sistema.
Además de la postergación de la fecha, el senador del Frente para la Victoria confirmó que será la comisión bicameral que conduce la que se encargue del monitoreo de la implementación y que no se hará en forma gradual como se había planteado sino que todos los distritos se acoplarán al nuevo sistema a partir del 1 de marzo.
Las iniciativas contemplan la reforma a las leyes orgánicas de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa; de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal; y de una iniciativa que incorporar “diversas causales de suspensión del juicio a prueba” en el Código Penal.
Por el radicalismo, el senador por Chaco, Ángel Rozas, expresó que su partido considera «muy satisfactoria» la propuesta del oficialismo, aunque advirtió que mantienen «una visión crítica» respecto a lo que denominó como «un exceso de facultades delegadas» a la Procuración General de la Nación.
«Nos parece atinado que se respeten los derechos de los trabajadores del Poder Judicial y que sea voluntario el traspaso al nuevo sistema manteniendo antigüedad y condiciones laborales», dijo Rozas pero pidió que se modifique la designación de fiscales que parecen nombrados «a dedo» por la Procuración.
El radicalismo, al igual que el peronismo disidente representado por la senadora por San Luis, Liliana Negre de Alonso, adelantó que firmó dictámenes de minoría por separado, en desacuerdo con la reforma en lo concerniente al Ministerio Público Fiscal.
En el cierre de la audiencia, el senador del oficialismo Marcelo Fuentes destacó que «todo cambio genera actitudes refractarias de aquellos sectores que sienten que sus intereses se ven afectados» y valoró la «voluntad política de instrumentar estos cambios de nuestra legislación no sujetos a los intereses corporativos».
