San Luis (LaNoticia) 15-05-15. El mismo juez que tiene cajoneado el expediente que investiga la brutal y cobarde represión al pueblo de San Luis en 2004 -hace 11 años-, es decir Jorge Sabaíni Zapata, a menos de cumplirse dos años del autoacuartelamiento policial de agosto de 2013, ya llamó a indagatoria a 9 policías. Sabaíni Zapata tiene tanta dependencia del poder político local que cuando hay que investigar policías que siguieron órdenes de ese poder político, cajonea la causa y cuando los policías enfrentan a ese mismo poder político, es sumamente `efectivo´.
El llamado que está previsto cumplirse a partir del próximo 24 de mayo, se hace en la tipificación de los supuestos delitos de sedición, privación ilegítima de la libertad, daños, e incumplimiento en los deberes de funcionario público.
El abogado de tres de esos nueve policías, Alejandro Miranda, en diálogo con el programa La Mañana a Capella que se emite por Radio Municipal de San Luis, sostuvo que Sabaíni Zapata tiene una actitud permanente de “encerrada y encendida defensa de los intereses del Poder Ejecutivo, porque él cumple directivas expresas del Poder Ejecutivo”. Esto lo sostiene porque en “el discurso que dio el gobernador (Claudio) Poggi en la Legislatura, dijo expresamente en su mensaje que le pedía al juez que acelerara el trámite judicial contra los policías, cosa que un gobernador de una provincia no puede hacer públicamente, por el principio de independencia de los Poderes”.
Sobre el llamado a indagatoria, Miranda expresó que el juez lo hace “sin un solo elemento de prueba, mete a todos los policías en la misma bolsa, es decir a los nueve les otorga el mismo encuadramiento legal, sin distinguir quién es el damnificado por la supuesta privación ilegítima de la libertad, qué daños se produjeron”, por lo que para el abogado “en una manera infundada, el juez llama a indagatoria a nueve policías”, de los cuáles Miranda defiende a tres.
Respecto de sus defendidos y “de acuerdo a los elementos que hay en la causa”, el penalista sostiene que “ninguno de los tres pueden ser llamados a indagatoria”, lo que para él “indica que continúa esta acción de represalia para con los policías que se animaron a reclamar en esa oportunidad”.
Miranda anticipó que presentará un escrito basado en el artículo 18 de la Constitución nacional, “prevé dentro del debido proceso, garantizar a los imputados el pleno derecho de legítima defensa”, porque se prevé que la acusación “debe ser clara, concisa, concreta, específica, o sea que para que el imputado pueda ejercer su derecho a defensa, tiene que conocer cuál es el delito que se le imputa; en perjuicio de quién, en este caso a quién se privó ilegítimamente de la libertad”. Sobre este tema puntual, Miranda aseguró que “en ninguno de los testimonios que hay en este proceso, afirma que sufrió privación ilegítima de la libertad”.
Carlos Rubén Capella
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