Por:
Johana Gómez.
Referente provincial del Frente de Izquierda – Unidad.
Sin auto-cuestionarse las dietas y los sueldos de privilegio que perciben, legisladores provinciales y ministros del Superior Tribunal de Justicia dispusieron “donar” parte de sus ingresos, a los fines de colaborar en la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Por el lado de la casta política, los legisladores de “San Luis Unido” (macrismo) decidieron donar el 30% de sus dietas durante tres meses, mientras que los legisladores del “Frente Unidad Justicialista” pusieron a disposición del Poder Ejecutivo provincial el 40% de sus dietas por el tiempo que la gobernación considere necesario.
Desde el bando de la casta judicial, los ministros del Superior Tribunal de Justicia acordaron y resolvieron solicitar donaciones a sus funcionarios y empleados para financiar un “Fondo Solidario y Voluntario”, destinado a solventar los insumos que puedan llegar a surgir en el sostenimiento de la campaña que el Gobierno Provincial lleva adelante contra el coronavirus. El monto a donar es el 50% que en concepto de aumento perciban – con los haberes correspondientes al mes de marzo de este año – los ministros del STJ, magistrados y funcionarios.
¡Porca miseria!
Teniendo en cuenta el contexto de crisis económica y sanitaria que están atravesando el país y la provincia, los porcentajes que donarían tanto la casta política como la casta judicial para ayudar a combatir la pandemia, resultan cómicos no sólo por ser completamente ínfimos (más aun cuando son de público conocimiento los abultados sueldos de privilegio que perciben mensualmente legisladores y ministros, magistrados y funcionarios judiciales), sino también por tratarse de medidas o decisiones que tienen fecha de vencimiento, es decir, no durarán para siempre.
Tales donaciones son producto de los relatos y discursos nacionales referidos a la “solidaridad” y la “unidad” nacional que, en cierta manera, instan a los sectores sociales más acomodados y acaudalados a hacer demagogia, esparciendo las migajas que les sobran de sus propios privilegios económicos, garantizados por el sistema político y judicial argentino.
En la misma tónica se inscriben las medidas anunciadas por algunos gobiernos provinciales y municipales de reducir (por tiempo determinado, claro está) los sueldos de gobernantes, funcionarios y políticos, y el debate nacional sobre “bajar los gastos de la política”, fogoneado por la oposición cambiemita y tomado por Sergio Massa, quien hizo gala en todos los medios de comunicación, analizando reducir las dietas de los legisladores nacionales.
Sin embargo, en todo este embrollo, no se ha dicho ni se dice nada acerca de que no está bien que legisladores, funcionarios, políticos, gobernantes, ministros, magistrados y funcionarios judiciales perciban las dietas y los salarios de privilegio que perciben, no solamente en épocas de pandemias y crisis económico-sanitaria, sino siempre, es decir, en todas las épocas y todos los tiempos.
De hecho, si esos privilegios se mantienen hasta el día de hoy es porque están íntimamente ligados al rol que tales castas cumplen como gestores y administradores de los intereses y los negocios del capital. La vida de ricos de estos sectores los acerca y mucho con el gran empresariado que maneja los destinos del país.
En ese sentido, históricamente, una de las demandas de la izquierda ha sido y es que todo legislador, funcionario, político, gobernante, ministro, magistrado y funcionario judicial gane lo mismo que un trabajador calificado o que una docente, sin ningún tipo de privilegios y para siempre. Todo lo contrario a las demagógicas y temporarias “donaciones” y “reducciones” que dispone la casta política gobernante y la casta judicial puntana.
Por otro lado, tampoco se ha dicho ni se dice nada acerca de aquellos sectores que concentran una fortuna tan grande que pueden fugarla (en millones y millones de dólares, estamos hablando) al exterior. Tales son los intereses del gran empresariado multinacional, nacional y provincial que, hasta ahora y con crisis de por medio, están a salvo e intactos, lo que nos lleva a pensar que aquélla “solidaridad” y “unidad” nacional, evidentemente, no alcanza a sus bolsillos. Lo mismo podemos decir de la Iglesia Católica y las demás iglesias, a las cuáles, no se les ha tocado un centavo ni un privilegio en el marco de la situación de emergencia provocada por el COVID-19.
Definitivamente, la supuesta “grieta” entre oficialismo y oposición se cierra cuando se pone en discusión afectar y ajustar a esos sectores. Tanto unos como otros tienen el mismo posicionamiento: ni “solidariamente” ni extraordinariamente afectaremos y ajustaremos sus ganancias multimillonarias.
Sin embargo, de cara a la crisis actual que estamos viviendo y catástrofe social que se avecina, no hay salida progresiva para las grandes mayorías si no se tocan seriamente los privilegios de la casta política y judicial, y los intereses del gran empresariado y las iglesias. Todo lo demás, entre medidas parciales, parches, relatos y discursos, es miseria de lo “posible”.
