Por:
Johana Gómez.
Referente provincial del Frente de Izquierda – Unidad.
La información pública sobre la capacidad del sistema de salud nacional (público y privado) para hacer frente a la pandemia de COVID-19 (coronavirus) es escasa o nula. De hecho, ¿Se sabe acerca de la capacidad de testeo en el país (y en la provincia), la disponibilidad de los laboratorios, los equipos y la cantidad de respiradores y camas libres en los hospitales?
Menos aún se conocen los detalles de algún plan integral sanitario de emergencia, que exceda del aislamiento obligatorio con el despliegue de fuerzas represivas. Pero, a pesar de ello, se ha instalado por las redes sociales el debate sobre la imperiosa necesidad de que se realicen test masivos (exámenes) de detección temprana de COVID-19, medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según los cálculos de técnicos, especialistas y profesionales de la salud, con 35 centros en condiciones de hacer los test en todo el país, para realizar 100 mil exámenes mensuales, o 3.500 diarios, sería necesaria una inversión de 400 millones de pesos, un monto muy por debajo incluso a los ya escasos 1.700 millones de pesos anunciados la semana pasada por el gobierno nacional como partida extra para el presupuesto sanitario.
Para el cálculo realizado se tuvo en cuenta el costo por test. Este es el dato menos conocido y difundido. Algunos medios como el diario “La Voz”, consideran que costaría $1.500 por test. En otros (“Infobae”) se refieren a un costo individual en el laboratorio “LACE” de hasta $6.000. En síntesis, para la estimación final se tomó un costo aproximado de 57 dólares por test, tomando como referencia su valor en Chile y que resulta muy similar al promedio entre los datos recolectados ($3.500 por test).
En comparación con los gastos que tiene el Estado, es una cifra muy pequeña. Por ejemplo, los 400 millones de pesos representan el 7,4% de lo que se destinó por día en 2020 al pago de intereses y capital de deuda, o lo que es lo mismo, el 0,2% de lo que se pagó por mes. Incluso, si el costo de cada test fuese superior al estimado, sería posible de afrontar, ya que – si vamos al caso – los 400 millones de pesos significan menos del 0,1% de los recursos que los ministros Martín Kulfas (Desarrollo Productivo) y Martín Guzmán (Economía) anunciaron que destinarán al rescate de las empresas afectadas por la disminución de la actividad (350.000 millones de pesos).
Por otro lado, el cálculo surge de considerar la capacidad existente del sistema de salud para realizar testeos masivos que, de ser necesario, también podría incrementarse. La “Red Nacional de Influenza y Virus Respiratorio” cuenta con 35 centros de salud en todo el país en condiciones de procesar la información de las pruebas de COVID-19 (método RT-PCR para la detección de virus influenza A Y B).
El Ministerio de Salud de la Nación es el encargado de llevar adelante la compra anual de reactivos e insumos necesarios para llevar a cabo el diagnóstico de influenza mediante técnicas moleculares y el diagnóstico de virus respiratorios. Los reactivos para el test de Covid19 llegan al país a través de pocos importadores, entre ellos Roche, quien en el año 2009 triplicó sus ganancias globales, por ser el fabricante del medicamento Tamiflú que combate la gripe “A”.
Cada centro tiene la capacidad de hacer entre 60 y 100 testeos diarios y personal ya capacitado. Es decir, podrían perfectamente realizarse entre 2.000 y 3.500 diarios test en todo el país, que es la cantidad de test diarios que se realizaban en Corea del Sur con la cantidad de infectados que hoy tiene Argentina. Esto daría lugar a un aislamiento selectivo que ha demostrado reducir la propagación del virus, sin la necesidad de decretar aislamientos generalizados obligatorios a punta de pistola con las fuerzas de “seguridad” y el Ejército Argentino, copando las calles y los barrios.
Con todo ello, queda en evidencia que no existe un problema de recursos económicos para realizar los test masivos. Este costo no significaría más que un monto irrisorio en términos del presupuesto estatal. De hecho, si la detección temprana y masiva se vuelve fundamental para frenar la expansión del virus, es inexplicable que tal medida no esté contemplada en los planes y anuncios del gobierno nacional.
Hasta ahora, los test de coronavirus se venían realizando exclusivamente en el Instituto “Carlos G. Malbrán”, a un ritmo de 180 a 330 test por día. Incluso, los laboratorios “LACE” informaron que debieron suspender el procesamiento de muestras para detectar COVID-19 debido a que se interrumpió la comercialización de los reactivos, de acuerdo a una disposición del Ministerio de Salud nacional para “centralizar” el diagnóstico.
En ese sentido, este fin de semana el ministro de salud Ginés García anunció que comenzaban a descentralizarse los estudios en seis provincias: Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero su avance es lento en relación a la emergencia sanitaria. Pero, siendo un rasgo distintivo la rápida propagación del virus, que hasta el momento se hayan realizado alrededor de 1.500 test, implica que existan muchos «positivos» aún no evaluados. Es más, según vienen afirmando los mismos investigadores del Malbrán, los testeos son sobre muestras de hace tres días, existiendo una demora entre los resultados conocidos y la fecha actual debido al cuello de botella.
Entonces, ¿Por qué la negación del gobierno nacional en realizar los test masivos? Todos los especialistas coinciden en que en las etapas de contención y de transmisión comunitaria, como se encuentra nuestro país, cada día que pasa es fundamental. Pero, si bien la cuarentena en curso (que tendría que ser selectiva) junto a los test masivos son herramientas para reducir la propagación, también son necesarias otras medidas que tienen que ver con llevar adelante un plan integral de salud:
1.- Se tendrían que poner a disposición para esta emergencia los recursos de los laboratorios privados, esos mismos que tuvieron ganancias de hasta un 400% durante el macrismo; 2.- Se tendrían que centralizar los recursos de la salud privada con la pública, para una utilización efectiva de las camas e insumos de la salud, aumentando exponencialmente la fuerza y los recursos de todo tipo para dar respuesta a esta crisis; 3.- Tendría que garantizarse la provisión de los elementos de higiene básicos como barbijos, alcohol en gel, jabón líquido, entre otros, a través de su producción a gran escala en universidades y empresas públicas y cooperativas; 4.- Y, si faltan elementos más complejos a gran escala, como respiradores artificiales, ¿Por qué no reconfigurar la industria de determinadas fábricas para que, bajo gestión de sus propios trabajadores, las produzcan y distribuyan hacia donde sean necesarios?
La presente crisis económico – sanitaria que atraviesa el país está demostrando que las trabajadoras y los trabajadores son quienes le ponen verdaderamente el cuerpo en los diferentes lugares de trabajo, como los hospitales, las fábricas y empresas, los mercados y supermercados, las estaciones de servicio, etc.
No así las fuerzas represivas que envalentonadas por las medidas gubernamentales salen a la caza de laburantes que por su situación personal, económica y laboral no pueden cumplir con el aislamiento obligatorio, y mucho menos, las iglesias que teniendo recursos económicos millonarios se limitan a colaborar “espiritualmente”, cuando la emergencia actual requiere la disposición política de organizar todos los recursos en función de las vidas de millones de personas, antes que las ganancias y el patrimonio de unos pocos.