«La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y violento no es un show mediático sino un compromiso estructural, sustentable y permanente para mi gobierno», aseguró el presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Además, remarcó que «la política de Seguridad Interior no puede estar marcada por una mirada centralista» ya que «la naturaleza del delito recorre múltiples factores, muchas veces ignorados desde la capital». En este sentido, anunció la puesta en marcha de políticas concretas en las zonas más críticas del país: «Un reordenamiento judicial con un profundo sentido federal, que aumenta la actuación de jueces y fiscales en la zona de Rosario y Santa Fe», detalló.
La problemática del narcotráfico y el crimen organizado tuvo su lugar en el discurso con el que este domingo el presidente Fernández inauguró las sesiones ordinarias del Congreso nacional. Con el eje puesto en las zonas críticas de la provincia de Santa Fe, como la ciudad de Rosario, donde solo en 2020 ya se acumulan 45 homicidios, el mandatario anunció: «Vamos a impulsar un fortalecimiento de toda la actuación de la justicia federal penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia de Rosario y Santa Fe». En este sentido detalló que se trabajará para fortalecer a la justicia federal en esas zonas: «vamos a impulsar la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario».
Algo similar sucederá en la ciudad de San Lorenzo, ubicada a menos de treinta kilómetros de Rosario, y que en 2019 fue la tercera ciudad santafesina con mayor cantidad de asesinatos, solo por detrás de Rosario y de la capital de la provincia. Ahora, en San Lorenzo se creará «un juzgado federal, una fiscalía y una defensoría federal que van a estar orientados a la investigación de la trata de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico», según sostuvo Fernández. Además, el presidente afirmó que «para fortalecer el Ministerio Público Fiscal y la aplicación rápida del código acusatorio vamos a reforzar la creación de nuevos cargos de auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador por distrito».
Cabe recordar que, el pasado 27 de febrero, el mandatario ya se había manifestado sobre la crisis de seguridad que atraviesa la provincia de Santa Fe. En el marco de un acto realizado en Rosario a 208 años del primer izamiento de la bandera argentina, el Presidente, en compañía del gobernador santafesino Omar Perotti, había asegurado: “Estoy aquí para solucionar los problemas que el narcotráfico y el crimen organizado han generado en Rosario y Santa Fe”.
Aunque hasta este domingo no se conocían detalles de las políticas que se llevarían a cabo, en su discurso Fernández había cuestionado duramente el proceder de la policía y la justicia santafesina: “Yo sé lo que pasa con la policía de nuestro país y la policía de Santa Fe. Sé lo que pasa con la justicia de nuestro país y la justicia de Santa Fe», había dicho para concluir que haría «todo lo que haga falta para que, de una vez por todas, dejemos de reclamar justicia y veamos castigados a los culpables de tantos delitos».
Ahora, en su discurso en el Congreso, el Presidente también se refirió a la política que en materia de narcotráfico llevó a cabo el anterior gobierno, bajo la gestión de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad: «los operativos crecieron, pero el narcomenudeo se expandió y la cantidad de drogas secuestrada bajó», aseguró y remarcó que «el objetivo que había sido enunciado de reducir el narcotráfico fue más retórico que efectivo». El mandatario se encargó de dejar en claro que, para su gobierno, «la lucha contra el narcotráfico no es un show mediático».
Por esta razón, Fernández sostuvo que trabajará para que la política contra el narcotráfico esté dirigida hacia las «grandes redes criminales»: «ahora orientaremos a las fuerzas de seguridad federales a la destrucción de las grandes redes criminales, para lo cual se fortalecerá la inteligencia e investigación de delitos federales como el narcotráfico y organizaciones delictivas». Para concluir, el presidente no dudó en definir que «el derecho a la seguridad es una obligación del Estado» y que «ese derecho a la seguridad debe contener y proteger a todos y todas; debe atender urgentemente a las y los más segregados», concluyó.