Por:
Johana Gómez.
Referente provincial de la agrupación de mujeres Pan y Rosas y del Frente de Izquierda – Unidad.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto convoca hoy miércoles a movilizarse en todo el país a dos años del primer pañuelazo. En la Ciudad de San Luis, habrá actividades en la Plaza Pringles, a partir de las 19:00 horas. Será la antesala de un nuevo Paro Internacional de Mujeres (próximo 8 de marzo), donde se espera que miles vuelvan a las calles.
Aquel pañuelazo del 2018 avivó una lucha que hace años el movimiento de mujeres y disidencias viene peleando: la aprobación de una Ley que le imponga al Estado garantizar el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, para que no muera ninguna persona más por esta causa.
Miles de jóvenes y estudiantes, las pibas con sus amigas, con sus madres, con sus vecinas, y también muchas trabajadoras, fueron protagonistas ese año de una lucha que mostró al mundo entero la fuerza de un movimiento que, si sale a las calles, si confía en su propia fuerza, si une sus reclamos a quienes no tienen nada más para perder que sus cadenas, puede dar vuelta todo.
El proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación el 13 de junio del año pasado, y que luego fue rechazado en el Senado Nacional con votos que vinieron del actual oficialismo (peronismo/kirchnerismo) como de la actual oposición mayoritaria (UCR, PRO y Cambiemos), se debatió en las escuelas, en las universidades, en las empresas, fábricas y los diversos organismos, como así también en las casas, en los barrios, a lo largo y ancho de todo el país, y obtuvo un enorme apoyo que se expresó en todos lados. Sólo la alianza de esos sectores, de las cúpulas de las iglesias y los gobernadores de turno, pudo impedir que se transformara en Ley.
El proyecto que la Campaña presentó ya ocho veces consecutivas se propone garantizar que todas las personas gestantes puedan acceder a un aborto legal, en cualquier hospital, de manera libre, segura y gratuita, sin que medie ninguna otra decisión que su sola voluntad.
Ese derecho, cuya penalización hoy condena a millones de personas a terribles consecuencias sobre la salud y, en no pocos casos, a morir a causa de la clandestinidad, implica sin embargo mucho más que el derecho a no morir o a no ir presa o a no ser obligada a parir siendo niñe. Implica el poder de decidir plenamente sobre el propio cuerpo, y también conquistar nuevas fuerzas para arrancar derechos elementales que este régimen social nos sigue negando: desde el mismo salario por el mismo trabajo hasta terminar con la doble o hasta tripe jornada laboral que recae particularmente sobre las mujeres.
Lo que realmente le da miedo a los dinosaurios de las iglesias y el Congreso Nacional es que si hoy se avanza en conquistar ese derecho, nuestra fuerza, la de las mujeres, la de la diversidad, la de les trabajadores, les estudiantes y la juventud, puede ser imparable.
Iglesia y Estado, asuntos separados.
En el 2018 se vio claramente cómo las iglesias católica y evangélica, así como los grupos anti-derechos ligados a ellas, estuvieron a la cabeza de organizar una campaña feroz contra la legalización del aborto. Desde las movilizaciones acordadas con gobernadores y autoridades de escuelas y universidades privadas – obligando a niñes a marchar – hasta el lobby parlamentario que hicieron con todos los partidos y con todas las coaliciones políticas (a excepción del Frente de Izquierda, claro está), logrando que legisladoras y legisladores nacionales alzaran la mano contra el aborto legal e imponiendo cambios trascendentales al proyecto de la Campaña, como la objeción de conciencia.
Pero, las cúpulas de las iglesias no solo aspiran a regimentar a las mujeres y la diversidad sexual: también son garantes de las políticas económicas que hacen recaer el peso de la crisis sobre las espaldas de las mayorías trabajadoras, de los sectores populares y de nuestras familias. Lo demostró el visto bueno a la negociación del Gobierno Nacional con el FMI para pagar una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, que nosotres no generamos y que sólo hasta ahora implicó recortar los ingresos de nuestras abuelas y abuelos, de la docencia, y de les trabajadores estatales.
De aquí, la necesidad de seguir peleando también por la efectiva y real separación de las iglesias y el Estado.
19F, antesala de un gran 8 de marzo.
Ante el anuncio del Presidente Alberto Fernández, que poco después de reunirse con el Papa Bergoglio en su gira por Europa, anunció que enviaría al Congreso Nacional una propuesta alternativa al proyecto de la Campaña, y ante la preparación de nuevas manifestaciones en reclamo de la aprobación del proyecto de la marea verde, que ya lleva más de 15 años en las calles, la Conferencia Episcopal llamó a movilizar a la Basílica de Luján contra el derecho de las mujeres, nada menos que el 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres y la Diversidad). Desde ya que esto es una verdadera provocación con la que se busca impedir que el aborto sea Ley o, como mínimo, rebajar aún más el contenido del texto que pueda llegar a salir del Parlamento de reabrirse el debate sobre este derecho elemental.
Por ello, el 19 de febrero, sin dudas, tiene que convertirse en una primera demostración de la potencia del movimiento de mujeres y de la diversidad para arrancar este derecho tan postergado, que tiene el desafío de volver a las calles el próximo 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres y la Diversidad. Como señaló recientemente la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, solamente en los primeros tres meses de gestión del Frente de Todos se habrán practicado más de 9.000 abortos bajo la crueldad de la clandestinidad.
¡No lo podemos permitir! Lo que se necesita no es un nuevo proyecto: nuestro proyecto ya existe y está en las calles, y nuestro desafío es lograr la más amplia organización para que se apruebe sin cambios y sin dilaciones. El próximo 8 de marzo, este reclamo también tiene que volver a las calles y tiene que hacerse sentir con un gran Paro Nacional y efectivo, que paralice verdaderamente a todo el país, para que la tierra tiemble por nuestros reclamos, porque se trata de nuestras vidas, y se trata de nuestro derecho a decidir.
Esa es la perspectiva que planteamos desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas y el Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) en el Frente de Izquierda – Unidad, y la acompañamos en las asambleas de mujeres y disidencias que se vienen realizando en diferentes puntos del país, proponiendo impulsar una gran movilización unitaria el próximo 8 de marzo y un paro efectivo el lunes 9, con acciones en todos los lugares de trabajo y estudio, por el aborto legal, por la separación de las iglesias del Estado, y contra el pago de la fraudulenta deuda externa. Las centrales sindicales, los centros de estudiantes y sus comisiones de mujeres podrían ser una poderosa herramienta para torcerle el brazo a los dinosaurios y avanzar en la conquista de todos nuestros derechos.