La Asociación de Magistrados cuestionó el proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso y que busca modificar el regimen jubilatorio de los jueces. Los magistrados indicaron que el proyecto es inconstitucional, como ya lo había hecho el camarista Ricardo Recondo. El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se mostró a favor de abrir la discusión, aunque advirtió que la ley como está planteada no va a funcionar y que las de los jueces no son «jubilaciones de privilegio».
El comunicado de la Asociación de Magistrados indica: «No desconocemos la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país, y que demanda especial cuidado en la gestión de las cuentas públicas». Pero remarca: «Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación». Se refieren a la intangibilidad de la remuneración de los jueces. «Por todas estas razones, conscientes de los graves efectos que provocaría para el normal desempeno del Poder Judicial y de los Ministerios Publicos, y por ende el perjuicio a la sociedad, reclamamos la participación de las instituciones representantivas en la discusión del proyecto, y la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los órganos cabeza de poder involucrados», indicaron.
En tanto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se mostró a favor de discutir las jubilaciones de privilegio, aunque apuntó que «el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es fácilmente atacable por inconstitucional. Además, no se nos permitió dar nuestra posición, ni siquiera a aquellos que podemos querer entender la situación y lo que el gobierno plantea. El proyecto no va a funcionar así. Yo puedo ayudar a un gobierno que no me es antipático y darle elementos para que funcione bien».
El juez que integra la Cámara Federal de de San Martín afirmó que «estamos cambiando un régimen de setenta u ochenta años en una semana, y esta no es la forma. Todos nosotros, y aquí hablo por mis colegas, entendemos que hay cosas que corregir, pero este proyecto afecta al ciudadano porque se queda sin jueces para atenderlos». A su vez, Lugones señaló que «no se trata de un privilegio», y se preguntó: «¿Cuáles eran las leyes de privilegio que había en el país? Cuando estaba quince minutos en el cargo se aportaba nada y se iba con una jubilación muy importante. En cambio todos nuestros colegas aportamos mucho mas que todos los demás. Estamos en estado judicial y podemos ser convocados en cualquier momento para volver a trabajar si el Estado nos lo solicita». «Hay que buscar la forma de resolverlo, porque el proyecto de ley es fácilmente atacable por inconstitucional. No quiero que un proyecto que pueda tener buenas intenciones se caiga por estas razones», apuntó.
