Por:
Johana Gómez.
Referente provincial del Frente de Izquierda – Unidad.
En menos de un mes, Macri será historia. Pero, dejará varios problemas sin resolver. Entre ellos, una pobreza que no para de crecer. Según estimó Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), la pobreza para fin de año en nuestro país será del 38%.
La pobreza golpea más fuerte a niñas, niños y adolescentes. Según los últimos datos de la UCA, la pobreza infantil es de más del 51%. A esto hay que agregar que, según datos de Unicef, cada año unas 2.500 niñas de menos de 15 años se convierten en niñas madres, producto de situaciones de abuso y violencia.
Es verdad que el aceleramiento de la pobreza con Macri pegó un salto enorme. En apenas un año, sus políticas de ajuste (delineadas por el Fondo Monetario Internacional) provocaron 4 millones de nuevos pobres. También lo es que, para salirse con la suya y convertir en Ley las “geniales ideas” de los ajustadores neoliberales, recibió ayuda de parte del peronismo (que hoy forma parte del Frente de Todos), tal como sucedió con la Reforma (estafa) Previsional. Y, por último, es verdad que en Argentina hace tres décadas que la pobreza no desciende del 20 %, salvo en el año 2011, convirtiéndose así en un problema estructural no resuelto por ningún gobierno en todos estos años, sea del color político que sea.
A esto hay que sumarle que en algunas provincias gobernadas desde hace años por el peronismo, como Formosa (Gildo Insfrán), Tucumán (Juan Manzur) o Chaco (Domingo Peppo) la pobreza supera el promedio nacional y llega hasta el 40 %.
De hecho, según los últimos datos del INDEC, la provincia de San Luis (gobernada hace 36 años por el PJ) cuenta con una pobreza que llega al 34,5 % (79.795 personas) y con una indigencia del 2,4 % (5.531 personas). Y, además, el porcentaje de hogares en el nivel de pobreza es del 25 % (19.244) y en el de indigencia es del 1,9 % (1.468). Es decir que en relación al primer semestre del año pasado, el porcentaje de pobreza casi se duplicó y es por lejos el más alto en años, por lo que es una realidad concreta que la provincia no es el “otro país” del que tanto habla la familia política de los Rodríguez Saá y compañía.
Alberto Fernández viene haciendo hincapié en que uno de sus principales ejes de gobierno será la lucha contra el hambre y la pobreza. En ese marco, el presidente electo puso en marcha el Consejo Federal “Argentina Contra el Hambre”, de cuya primer reunión participaron figuras de distinta índole, como Marcelo Tinelli y los representantes de empresarios multimillonarios, los mismos que no paran de aumentar los precios de los productos alimenticios básicos.
Hasta el momento se conocen solo algunos detalles de ese plan. Entre ellos, figura una tarjeta alimentaria a la que podrán acceder dos millones de personas y que les permitirá comprar alimentos. La tarjeta, que no se podrá usar para retirar dinero, será emitida por una entidad bancaria pública y comenzará a ser distribuida, primeramente, entre madres de chicos menores de seis años y los organizadores y trabajadores de comedores sociales. Además de la tarjeta, se impulsará la creación de una Ley de Góndolas (que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación) y la del Programa de Precios Cuidados.
Sin dudas, medidas como estas aportarán a descomprimir la precaria situación de los sectores hoy alcanzados por la pobreza. Pero, es difícil pensar que resuelvan de fondo una condición estructural que afecta a millones de personas, en muchos casos heredada de generación en generación.
Hablamos de hogares que no tienen cubiertas sus necesidades mínimas, como el acceso a la luz, el gas y el agua potable. Hogares que están obligados a sobrevivir con ingresos miserables porque sus integrantes son jubiladas, jubilados, trabajadoras y trabajadores con laburos precarios, desocupadas, desocupados o madres solas.
Macri se va. Pero, nos deja la pobreza y la subordinación al FMI que impedirá resolver de manera seria y profunda el drama del hambre y la pobreza. Seguir pagando la deuda y continuar bajo el mando de este organismo implicará más ajustes con el objetivo de favorecer a los mismos de siempre: los especuladores, los banqueros y los grupos empresarios.
La prioridad tiene que ser satisfacer el hambre y las necesidades sociales (como el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda digna, a los servicios básicos, etc.) de las mayorías populares y no la de aquellos sectores que amasan fortunas millonarias. Cualquier plan que no contemple está perspectiva será un paliativo momentáneo que seguirá manteniendo la pobreza estructural de millones de personas.