Johana Gómez.
Referente provincial del Frente de Izquierda – Unidad.
La crisis política iniciada el 20 de octubre abrió una situación cada vez más polarizada y con tendencias a los extremos, que peligrosamente se acercaba a un punto de no retorno. La polarización política instalada en las calles ha venido para quedarse, se salga de esta situación como se salga.
El viernes 8 de noviembre, la policía de Cochabamba inició un motín que rápidamente fue secundado por prácticamente toda la policía nacional. El quiebre del aparato represivo en momentos en que llegaban a La Paz contingentes de cívicos de todo el país fue un nuevo salto hacia los extremos en la crisis y empujaron al MAS a recostarse cada vez más en las FF.AA., aunque el Ministro de Defensa Zabaleta haya manifestado que no se iba a producir ningún movimiento de tropas ni acuartelamiento, y desmintió los rumores de Estado de Sitio.
El motín policial, de alcance nacional, aunque aparentemente estuvo motivado por demandas corporativas (como la exigencia de tener un tratamiento igual al que reciben las FF.AA. en materia jubilatoria con pensión igual al 100% del salario en actividad) y aunque sólo se tratase de un problema interno con algunos mandos, el marco más general en el que se desarrolló, con el paro indefinido y los bloqueos de calles de los cívicos, le dio a la situación las características de una asonada derechista, es decir, de un salto cualitativo en la ofensiva política opositora, a la que se le sumó la policía.
Lo que empezó como un movimiento contra las irregularidades en las elecciones y por la segunda vuelta de Carlos Mesa el 20 de octubre, rápidamente se fue transformando en un movimiento hegemonizado por el bloque conservador y clerical, encabezado por el empresario Luis Fernando Camacho (Presidente del Comité Cívico de Sta. Cruz) quien, luego del cabildo nacional del 31 de octubre, tomó la dirección.
Camacho, quien tiene el respaldo del conjunto de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, además de todos los grupos y colectivos anti-derechos, expresa un programa y objetivos radicales: volver a introducir a Dios en el Palacio de Gobierno y garantizar nuevas elecciones sin la presencia del binomio Evo Morales – García Linera. Este programa pretende desconocer al candidato preferido de la mitad del país.
Un día antes del motín policial, la Cámara Agropecuaria del Oriente, que mantuvo un silencio “sospechoso” durante 17 días de crisis, finalmente emitió una declaración respaldando por unanimidad a Camacho y al comité cívico cruceño, consolidando el campo cívico como un movimiento patronal, clerical y regionalista. Esto se hizo evidente en diversos puntos de bloqueo, donde afloró el espíritu racista que históricamente manifestaron y que el MAS contribuyó a preservar de manera solapada, gracias a sus acuerdos con estos sectores.
Tras semejante escalada derechista y habiendo perdido el apoyo de las FF.AA., finalmente, Evo Morales renunció a su mandato presidencial y solicitó asilo político a los gobiernos latinoamericanos (México se lo otorgó) provocando en consecuencia que el golpe cívico, policial y militar se coronara con la autoproclamación de Jeanine Añez como Presidenta Interina.
Si el bloque conservador – liberal se ha convertido ha podido avanzar tanto, es debido a la política conciliadora del MAS con este bloque reaccionario y a una política en la gestión del Estado caracterizada por el autoritarismo y la prepotencia personalista de Evo Morales, que fueron alimentando la actual crisis política.
Durante todos estos años, el líder cocalero y su partido han desplegado una política de cooptación de las organizaciones de trabajadores urbanos y rurales, y sobre la base de la corrupción de las capas dirigentes, establecieron un férreo control político del movimiento obrero y campesino. La burocracia sindical se transformó en la policía política al interior de los sindicatos, colaborando en la persecución y judicialización de los sindicatos independientes.
Por eso, la crisis política actual encuentra a los trabajadores con sus organizaciones completamente estatizadas, sin capacidad de acción y de organización independiente. Y, hasta el momento, el Alto y las provincias de La Paz se han convertido en la principal fuerza de resistencia ante el golpe de Estado.
Atento a ello, es hora que la clase trabajadora, las campesinas y los campesinos, y los pueblos originarios de Bolivia se auto-organicen por una salida propia a la actual crisis política, que responda verdaderamente a sus intereses, los de los sectores más empobrecidos. No se puede confiar en los partidos del régimen, que ya han demostrado a quiénes representan. Frente a la represión, es fundamental poner en pie comités de auto-defensa. Y, en ese camino, con esa perspectiva, impulsar una Asamblea Constituyente, Libre y Soberana que represente a la gran mayoría del pueblo, y que discuta y resuelva qué país se debe construir, imponiendo todas las demandas por salario, tierra, territorio, derechos civiles, la nacionalización de los recursos naturales y contra toda injerencia del imperialismo norteamericano, aliado a la derecha boliviana.