Tras las acusaciones expuestas durante el juicio contra Juan Antonio Hernández, hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, en la Corte de Nueva York, Estados Unidos (EE.UU.), sectores de la oposición marcharon este jueves para exigir la renuncia inmediata del Ejecutivo.
El coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre) y expresidente, Manuel Zelaya (2006-2009), comentó que no debían sorprenderse por el resultado de las investigaciones, las cuales ratifican que quienes le dieron el golpe de Estado convirtieron al país en «el paraíso del tráfico de drogas».
Por su parte, el dirigente y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Ortez Sequeira, exigió al Congreso Nacional que aplique un juicio político al mandatario. Además, solicitó al titular de la Fiscalía, Oscar Chinchilla, iniciar urgentemente una investigación en su contra.
La dirigente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Maribel Espinoza, manifestó su rechazo y conminó a las Fuerzas Armadas a decidir si continuarán en silencio cómplice o actuará conforme ordena la Constitución.
Presunto vínculo con el narcotráfico
Durante el proceso judicial contra el exdiputado y hermano del presidente Hernández, la Fiscalía de Nueva York aseguró el miércoles que tenía evidencias de que ambos recibieron dinero del narcotraficante Joaquín Guzmán, conocido como «el Chapo».
Presuntamente, Juan Antonio recibió del entonces líder del cartel de Sinaloa al menos 1.5 millones de dólares para que su hermano los usara en la campaña política que lo llevó a la Presidencia, a cambio de protección.
“Lo más importante, el acusado era protegido por el actual presidente (de Honduras) que ha recibido millones de dólares en coimas de narcotraficantes como El Chapo Guzmán, que personalmente entregó un millón de dólares al acusado para su hermano”, afrimó el fiscal Jason Richman.
El nombre “Tony Hernández”, hermano del mandatario, se repetía varias veces en libretas encontradas en 2018 en un vehículo en el que viajaba un conocido extraficante de droga, según los fiscales del caso.
Asimismo, el narcotraficante Victor Hugo Díaz Morales testificó que el hermano del presidente le pidió dinero a cambio de conexiones políticas y le pagó 40.000 dólares en 2005, para financiar su campaña electoral a diputado en el Congreso.
La Fiscalía del distrito sur de Nueva York acusa a Juan Antonio de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego y mentir a las autoridades, delitos por los que desde hace casi un año permanece preso en EE.UU., donde enfrenta una posible pena de entre cinco años de cárcel y cadena perpetua.
Además, afirman que el dinero de la droga enriqueció al acusado y financió campañas de varios candidatos del Partido Nacional, entre ellas, la del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) y la de Juan Orlando Hernández, electo en 2013 y reelecto en 2017, tras unos comicios que suscitaron polémica y cuestionamientos.
