Este miércoles comenzó a instalarse el campamento indígena Tierra Libre (ATL) en la Explanada de los Ministerios, donde se concentran los principales edificios gubernamentales de Brasilia, capital de Brasil. Desde 2004, miles de indígenas de todo el país se reúnen en la capital para reclamar su derechos. Esta es la edición número 15 y expresa su descontento por las políticas impulsadas por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Cerca de 2.000 indígenas desplegaron sus tiendas de campaña frente al Congreso de Brasil a primera hora de este miércoles. Distintos grupos llegaron cargando sus mochilas al hombro o arrastrando sus maletas de ruedas. Destacados líderes como la diputada Joênia Batista de Carvalho, primera parlamentaria indígena en la historia de Brasil, visitó el campamento.
Durante tres días, las comunidades reivindicarán sus derechos a través de varias actividades. Este miércoles la jornada terminará con una vigilia ante el Supremo Tribunal Federal (STF). El jueves, varios representantes tienen previsto participar en una audiencia pública en la Cámara de Diputados y en la Cámara Legislativa.
El ambiente es festivo en el campamento que, según las últimas informaciones, será trasladado a las inmediaciones del Teatro Nacional. Además está rodeado por un fuerte dispositivo policial que vigila el entorno. El viernes pasado el ministro de Justicia, Sergio Moro, autorizó a la Fuerza Nacional vigilar «de manera preventiva» durante 33 días la Explanada de los Ministerios.
«¡Paren de incitar al pueblo contra nosotros! No somos violentos. Violencia es atacar el sagrado derecho de la libre manifestación con tropas armadas», denunció a través de un comunicado la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), organizadora del campamento.
Esta edición reunirá a 5.000 personas. Existe indignación contra las políticas gubernamentales como lo expresan las palabras de Marcos Xukuru, cacique de la etnia Xukuru, que vive en el estado Pernambuco, en el nordeste del país: “el Gobierno de Bolsonaro va en sentido contrario de lo que nosotros ya conseguimos y garantizamos como movimientos indígenas organizados en este país»; «no vamos a permitir, ni dar un paso atrás en nuestros derechos», aseguró.
El presidente Bolsonaro estrenó su gobierno, el pasado 1 de enero, con un fuerte golpe a los pueblos indígenas. Transfirió los poderes de la Fundación Nacional del Indio (Funai), encargada hasta entonces de la demarcación de las tierras indígenas, al Ministerio de Agricultura, dirigido por Tereza Cristina Dias, quien fue líder de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados. La Funai pasó al Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos.
También las ONGs se vieron afectadas tras la decisión de Bolsonaro de conceder al ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Alberto Dos Santos Cruz, la misión de «supervisar, coordinar, monitorear y acompañar sus actividades y acciones», ya que, según el mandatario, «manipulan y explotan» a los indígenas.
«Este año 2019 está siendo muy complicado», afirmó Alessandra Munduruku, líder de la etnia Munduruku, que habitan en el estado de Pará, en el norte del país. «Tenemos un presidente que está entregando nuestras tierras a extranjeros, principalmente a los EE.UU. Nosotros no aceptamos venderlas. Queremos vivir en paz. Que se respeten nuestros derechos y la Constitución», sentenció.
En Brasil existen alrededor de 305 tribus con un total de 900.000 personas, lo que equivale al 0,4 por ciento de la población, según la ONG Survival. La Constitución reconoce a estos pueblos el derecho exclusivo de ocupar y usar estas tierras tradicionales.
