La oficina de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos firmó un acuerdo con el Gobierno de México para lograr la justicia ante graves violaciones en esa área.
El acuerdo fue suscrito el pasado 5 de abril para prestar asesoría y asistencia técnica a la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso que investiga la desaparición de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
La alta comisionada, Michelle Bachelet, aseveró que esta acción permitirá «potenciar cambios de fondo en el sistema judicial en México que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones de sus derechos humanos».
Una nota de prensa del organismo multilateral refiere que la Oficina de la alta comisionada y el Estado mexicano cooperarán para que las demandas realizadas por las familias de los desaparecidos se conviertan en acciones concretas.
Según Bachelet, en el marco de su visita a México, el propósito es que haya verdad y justicia en la desaparición de los jóvenes, así como en otros crímenes cometidos contra ellos entre las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014.
“Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano”, enfatizó.
Datos oficiales revelaron que en México aún existen más de 40.000 desaparecidos, por lo que la Oficina pretende impulsar cambios el sistema judicial para llevarles justicia también.
