Patricia Bullrich reivindicó la decisión del Gobierno de habilitar a las fuerzas de seguridad a utilizar armas de fuego en casi todas las situaciones frente a un hecho delictivo y a disparar sin dar la voz de alto. «Se presume legítima la acción del oficial», afirmó la ministra de Seguridad sobre la nueva reglamentación que da luz verde al gatillo fácil y barre con la presunción de inocencia.
La resolución del Ministerio de Seguridad publicada hoy en el Boletín Oficial consagra la doctrina Chocobar. El reglamento que de ahora en más rige el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad va a contramano de las recomendaciones de Naciones Unidas.
La nueva normativa habilita el uso de armas de fuego de manera flexible frente a un «peligro inminente», que puede ser «actuar bajo amenaza» o ante la presunción de que el sospechoso tenga un arma letal. Además, permite el uso del arma de fuego en caso de fuga para lograr una detención. Para las entidades que se ocupan de la problemática de la violencia institucional se trata lisa y llanamente de la legitimación del gatillo fácil.
Bullrich salió al cruce de esas críticas y, como es su costumbre, se plantó en la vereda de enfrente: las de los policías. «Ahora podrán tirar cuando antes no lo podían hacer sino cuando el delincuente disparaba», declaró y lamentó que hasta ahora a los integrantes de las fuerzas de seguridad «les damos armas y en una situación de peligro inminente no las pueden usar».
La ministra de Seguridad también bajó línea en cuanto a lo que espera el Gobierno a partir de la implementación del nuevo reglamento. «Con esto queda claro para los jueces a la hora de juzgar conductas», dijo.
Bullrich detalló que el nuevo protocolo es similar al que hay en países como Chile, México y Estados Unidos y añadió que «así se podrá defender a los ciudadanos en momentos de agresión», a la par de la exención de responsabilidad en agentes de seguridad que se incluye en el nuevo Código Penal. También contó que consultó a Mariano Borinsky, el juez de la Cámara de Casación Penal, responsable de la comisión encargada de la redacción del nuevo Código Penal, y que el magistrado que dijo que esa medida debía «estar acompañada por un reglamento claro».
El punto clave es el artículo 34 del nuevo Código Penal, que refiere a las responsabilidades en la legítima defensa. Bullrich dijo que el protocolo va en consonancia con los cambios en ese artículo y que la idea es que «se presume legítima la acción del oficial».
